El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 21 de marzo de 2026 el Real Decreto-ley 7/2026, que introduce modificaciones relevantes en la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible y acelera las obligaciones empresariales en materia de movilidad al trabajo.

En concreto, la norma modifica los apartados 1 y 3 del artículo 26 con el objetivo de adelantar en 12 meses la entrada en vigor del deber de negociar y elaborar planes de movilidad sostenible. De este modo, el plazo para cumplir con esta obligación se reduce de 24 a 12 meses, fijando como fecha límite el 4 de diciembre de 2026.

El Gobierno justifica esta decisión en el contexto actual de incertidumbre energética, señalando que el previsible aumento de los costes —especialmente en el transporte— repercutirá tanto en las empresas como en las personas trabajadoras, encareciendo los desplazamientos diarios.

La obligación de disponer de estos planes afecta a empresas y entidades del sector público —en los términos definidos por la Ley 40/2015— que cuenten con centros de trabajo de más de 200 personas trabajadoras, o 100 por turno, siempre que este sea su centro habitual de actividad. Asimismo, podrá extenderse a otras entidades públicas si así lo determina la administración competente en materia de transporte y movilidad.

Los planes deberán ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras o, en su defecto, con las organizaciones sindicales correspondientes.

Por último, el Real Decreto-Ley introduce un elemento adicional de presión: las empresas obligadas que resulten beneficiarias de ayudas directas previstas en la norma deberán cumplir con esta exigencia, ya que el incumplimiento conllevará el reintegro de las ayudas recibidas.

Si tu organización debe adaptarse a esta nueva obligación, desde Durán-Sindreu podemos asesorarte y acompañarte en la elaboración e implantación de su plan de movilidad sostenible al trabajo.