El Algarrobico: crónica de un desenlace anunciado, el laberinto jurídico hacia su demolición y la relevancia de la función consultiva

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El Algarrobico: crónica de un final anunciado y el laberinto legal hacia su demolición, y la importancia de la función consultiva

Tras más de dos décadas de parálisis, litigios cruzados y una estructura de hormigón que se ha convertido en el símbolo internacional de la especulación urbanística en España, la historia del hotel de El Algarrobico ha alcanzado un punto de inflexión definitivo en este 2026. Después de la intervención de los tres niveles de Administración -estatal, autonómica, y local- y de la intensa judicialización del asunto, en incluso de la intervención del Tribunal Constitucional, todo indica que la puntilla a semejante despropósito ha venido de la mano de la intervención de órgano consultivo de la comunidad andaluza. El reciente dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía (Dictamen Nº0361/2026) despeja las dudas legales -si es que existían- y obliga a las administraciones a ejecutar, de una vez por todas, la desaparición de esta mole de 21 plantas y 411 habitaciones situada en zona marítimo terrestre en pleno corazón del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

La nulidad de la licencia

El elemento central de esta nueva etapa es el dictamen unánime de la Comisión Permanente del CCA, que ha declarado la licencia de obras concedida en 2003 como nula de pleno derecho. Este pronunciamiento es preceptivo y vinculante, lo que significa que el Ayuntamiento de Carboneras ya no tiene margen de maniobra: está obligado a certificar la anulación definitiva del permiso en una próxima sesión plenaria.

La base legal de esta nulidad se asienta sobre dos pilares que el Consejo Consultivo ha considerado irrefutables:

1. Invasión de suelo protegido: El CCA ha determinado que, según la planimetría original del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), la parcela estaba clasificada con la protección C1 (Áreas Naturales de interés general). Esto la convertía en suelo no urbanizable desde el principio, invalidando cualquier pretensión municipal de calificarla como zona urbanizable (D2).
2. Vulneración de la Ley de Costas: La licencia de 2003 ignoró flagrantemente la Ley de Costas de 1988, que establecía una servidumbre de protección de 100 metros desde la ribera del mar. En su lugar, el hotel se proyectó basándose en un Plan Parcial anterior que permitía construir a tan solo 20 metros de la orilla. De hecho, la estructura actual se sitúa a escasos 14 metros del agua, una violación directa de la normativa estatal que el Ayuntamiento tenía la obligación de adaptar antes de otorgar cualquier permiso.

El horizonte de la demolición: coordinación administrativa

Con el aval del Consejo Consultivo, la Junta de Andalucía ha manifestado su intención de convocar una comisión mixta con el Gobierno central para abordar los detalles técnicos y financieros de la demolición y la posterior restauración ambiental del paraje. La Junta, que ostenta la presidencia de esta comisión hasta marzo de 2027, ha subrayado que la anulación de la licencia por parte del pleno de Carboneras es el paso administrativo imprescindible para que las excavadoras puedan entrar en la playa.

Este proceso no ha estado exento de tensiones políticas. Desde la administración autonómica se ha criticado que, en 2025, el Gobierno central intentara anunciar plazos de derribo de cinco meses sin seguir los cauces de diálogo establecidos en la comisión bilateral. No obstante, el consenso actual parece inclinarse hacia una financiación compartida al 50% entre ambas instituciones para costear el desescombro y la regeneración del entorno.

¿Una responsabilidad patrimonial de manual?

La empresa promotora, Azata del Sol, ha reclamado en diversas ocasiones compensaciones millonarias, llegando a pedir hasta 44 millones de euros por el terreno. Sin embargo, el Gobierno de España ha mantenido una postura firme, ofreciendo una cantidad simbólica (alrededor de 16,500 euros) bajo el argumento de que, al ser suelo protegido y la construcción ilegal, el valor comercial de la parcela es nulo.

El dictamen del CCA ha evitado valorar estas indemnizaciones, remitiéndolas a lo que debería ser un o diversos procedimientos derivados de la/las correspondientes acciones de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas derivada por la anulación del título habilitante, donde el órgano consultivo deberá intervenir nuevamente mediante la emisión de un nuevo dictamen preceptivo, pero no vinculante en este caso. Es la vigente ley del suelo (Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre) que en su artículo 48.d) establece que dará derecho a la preceptiva indemnización la anulación de los títulos habilitantes de obras y actividades, siempre que no concurra dolo, culpa, o negligencia graves imputables al perjudicado.

En conclusión, al margen de lo relevante del caso des del punto de visto jurídico derivado de la complejidad del asunto, una vez más hay que poner en valor el papel de la función consultiva como garante de los derechos de la ciudadanía y del actuar de nuestras administraciones públicas.

Con el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía se marca el comienzo del fin para El Algarrobico. Aunque el proceso de demolición y la gestión de los residuos serán complejos y costosos, el horizonte legal en cuanto el destino del edificio es ahora más claro que nunca: la restitución del entorno natural a su estado original es la única salida posible para cerrar este capítulo de la historia urbanística de España. No tan parece tan claro el horizonte de las acciones de responsabilidad patrimonial que, todo indica, se puedan presentar.