Entre las principales modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) por el Real Decreto-ley de Eficiencia Digital y Procesal se encuentran:
- La posibilidad de interponer el recurso de apelación directamente ante la Audiencia Provincial.
- La eliminación del recurso directo de revisión frente al decreto del letrado en el que decida la valoración definitiva de los bienes embargados a efectos de la ejecución.
- La introducción del control de cláusulas abusivas en los procedimientos de reclamación de derechos y gastos del procurador, y de honorarios de abogados.
- La eliminación de la posibilidad de interponer recurso de queja frente a los autos que inadmiten a trámite los recursos de apelación.
- La inclusión de la obligación de la parte demandada de aportar los documentos que permitan evaluar la situación económica de los cónyuges y, en su caso, de los hijos, en aquellas demandas de separación y divorcio donde se soliciten medidas de carácter patrimonial.
- La regulación de la verificación de la validez de la firma electrónica en caso de impugnación de los documentos públicos electrónicos.
- La posibilidad de sustitución del acta de reconocimiento judicial por grabación con firma electrónica u otro sistema que ofrezca garantías.
¿Qué particularidades se han establecido para las personas mayores en la LEC?
Se han establecido particularidades procedimentales para las personas mayores en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) a través de las siguientes disposiciones:
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- Extensión de adaptaciones y ajustes: Se extiende a las personas mayores que lo soliciten (entendiéndose por tal las de setenta y cinco años o más) y, en todo caso, a las personas de ochenta años o más, la previsión relativa a la aplicación de las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en el procedimiento en condiciones de igualdad.
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- Tramitación preferente de procedimientos: En el caso de personas de ochenta años o más, se prevé la tramitación preferente de los procedimientos en los que sean parte.
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- Señalamientos preferentes: Se establece que los señalamientos, en estos casos, podrán fijarse a las primeras o últimas horas de las audiencias, en función de las necesidades de la persona.
Estas disposiciones buscan garantizar la participación en el procedimiento de las personas mayores en condiciones de igualdad, así como agilizar la tramitación de los procedimientos en los que sean parte.
¿Cómo afectan las modificaciones a la relación de los ciudadanos y las empresas con los órganos judiciales?
Las modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) por el Real Decreto-ley de Eficiencia Digital y Procesal afectan la relación de los ciudadanos y las empresas con los órganos judiciales de diversas maneras, incluyendo:
- Mayor agilidad y eficiencia: Se busca mejorar la eficiencia en la tramitación de los procedimientos judiciales, lo que puede resultar en una mayor celeridad en la resolución de los casos y una reducción de los tiempos de espera.
- Uso de medios electrónicos: Se promueve el uso de medios electrónicos en los procedimientos judiciales, permitiendo a las partes comparecer por videoconferencia o mediante la utilización de medios electrónicos para la reproducción del sonido y la imagen en determinadas actuaciones procesales.
- Adaptación a las necesidades de las personas mayores: Se establecen medidas específicas para garantizar la participación en el procedimiento en condiciones de igualdad de las personas mayores, como la tramitación preferente de los procedimientos en los que sean parte y la aplicación de adaptaciones y ajustes necesarios.
- Control de cláusulas abusivas: Se introduce el control de cláusulas abusivas en determinados procedimientos, lo que puede beneficiar a los ciudadanos y empresas al proteger sus derechos en situaciones de posible abuso por parte de la otra parte contratante.
En resumen, las modificaciones buscan mejorar la relación de los ciudadanos y las empresas con los órganos judiciales, promoviendo una mayor eficiencia, adaptación a las nuevas tecnologías y protección de los derechos de las partes involucradas en los procedimientos judiciales.
