Es bien sabido que los préstamos ICO Covid-19, herramienta de crédito creada por el Gobierno español en marzo de 2020, que se instrumentalizaron a través de la intermediación de las entidades financieras, a las que el Estado les garantizaba hasta un 80% con su aval, han sido de gran ayuda para muchas empresas que necesitaban capital para sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias con la finalidad de mantener el empleo y paliar los efectos económicos negativos del Covid19.
La mayoría de las empresas se han visto beneficiadas por el uso de estos préstamos, lo que les ha permitido mantener su actividad en un entorno económico delicado. Pero también hay muchas empresas que todavía se encuentran en una difícil situación financiera debido a las consecuencias de la pandemia, lo que ha obligado al Gobierno a ir actualizando los parámetros temporales de estos préstamos.
En un principio, con el RDL 8/2020 de 17 de marzo, estos préstamos tenían una duración de 5 años en total, 1 de carencia y 4 de amortización. Sucesivamente con RDL 34/2020 del 17 de noviembre de 2020 se concedió prolongar la carencia de los ICOs 12 meses más hasta marzo de 2022 y que el plazo de devolución pueda alargarse de 5 a 8 años. Los préstamos ICOs pasan a tener 2 años de carencias y 6 años para su amortización.
El problema actual es que todavía muchas empresas no han podido recuperar su actividad al nivel previo de la pandemia y tienen que hacer frente a la amortización de los préstamos. Además, los intereses financieros que están pagando son muy elevados, debido al incremento que han sufrido los tipos de interés y los índices de referencia como el Euribor. Esto ha supuesto un incremento en las cuotas a pagar para la devolución de los mismos. Basta recordar que los tipos de interés y el Euribor se encontraban en mínimos históricos, mientras que ahora el Euribor se encuentra por encima del 4% y que por el momento las predicciones de los expertos no auguran ninguna disminución.
Según datos de Registradores de España durante 2020-2022 ha habido hasta 13.390 declaraciones concursales, destacándose un incremento de los concursos de acreedores en 2.660 vs el periodo 2017-2019 donde hubo 10.730 concursos, pese a la moratoria concursal que se prolongó más de dos años desde marzo de 2020 hasta junio de 2022. Se constata una visión complicada de la situación económico-financiera empresarial de España y que aun con las Líneas ICO abiertas se han visto aumentado los concursos. Es muy necesaria aún más financiación para las empresas.
El Gobierno ya ha tomado medidas, aprobando nuevas resoluciones para seguir ayudando a las empresas en la devolución de los préstamos ICOs, como es por ejemplo la ampliación hasta diciembre de 2023 de la Línea de Avales junto con más fondos para poder inyectar liquidez tan necesaria al tejido empresarial.
Se extiende hasta 31 de diciembre de 2023 el compromiso de las entidades financieras de mantener las líneas de circulante a los clientes avalados bajo esta línea.
Por otro lado, la norma actual contempla extender la vida total del préstamo avalado hasta diez años. Ahora, es posible solicitar, hasta diciembre de 2023, extensiones adicionales de 2 a 5 años sin poder superar el plazo máximo de amortización de 8 o 10 años.
En nuestra opinión, la medida del Gobierno de aprobar una ampliación del plazo de amortización de 2 años adicionales, es decir hasta 2030, es muy positiva permitiendo así recalendarizar las cuotas a pagar para facilitar a las empresas hacer frente a sus obligaciones de pago, recuperar la facturación perdida y la sostenibilidad de su negocio.
Si se sigue presionando a las empresas, además con los tipos de interés elevados actuales, va a resultar en una cadena de impagos de crédito ya que no van a poder asumir sus costes. Esto va a suponer un mayor gasto por parte del Estado porque va a tener que inyectar aún más dinero avalando a las instituciones financieras para protegerlas.
Asimismo, las entidades financieras deberán aplicar los mejores usos y prácticas bancarias en beneficio de sus clientes y no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto. Y que no os intimiden los bancos diciendo que si amplían los préstamos ICOs hasta 2030, siendo así de 10 años el préstamo, van a cerrar el grifo en el futuro y os bajan el rating. Es responsabilidad colectiva y en el interés de todos los agentes, empresas, entidades financieras y Estado que se pueda fortalecer el tejido empresarial, volver a los niveles prepandemia y seguir creciendo para así devolver el dinero prestado y avalado, no destruir empleo y riqueza en general.
