La corrupción ha sido un problema importante en muchos países del mundo, y a menudo pasa desapercibida y no se denuncia por miedo a las represalias de quienes ostentan el poder.
Sin embargo, la colaboración ciudadana desempeña un papel crucial a la hora de sacar a la luz las prácticas corruptas y hacer que los responsables rindan cuentas.
Este 2023 ha entrado en vigor una nueva ley diseñada específicamente para proteger a los denunciantes (también denominados «informantes») y animarlos a revelar infracciones sobre corrupción.
Esta Ley 2/2023, de 20 de febrero, conocida como «Ley Whistleblowing» o «Ley del Informante», es un paso significativo hacia la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia dentro de nuestra sociedad.
Este artículo ofrecerá una visión general de sus principales características y explicará cómo puede utilizarse para proteger a los denunciantes y evitar que se produzcan prácticas corruptas. Tanto si eres una persona que ha sido testigo directo de una infracción penal o administrativa en un contexto laboral o profesional, como si eres una empresa que quiere implantar planes para el control de la corrupción, es importante comprender la Ley 2/2023.
Principales disposiciones de la Ley 2/2023
La Ley del Informante establece una serie de disposiciones clave para proteger a los denunciantes y promover la transparencia en la sociedad.
Estas disposiciones incluyen:
- Protección de los denunciantes
Se establecen medidas para proteger a los denunciantes que, de buena fe, informan de prácticas corruptas en el ámbito penal y administrativo. Estas medidas incluyen la protección de la identidad del informante, así como la prohibición de adopción de represalias en su contra y de cualquier acción que pueda perjudicarle.
- Canales de denuncia
La Ley del Informante establece la obligación de las entidades públicas y privadas de establecer canales de denuncia de prácticas corruptas. Estos canales deben ser accesibles, confidenciales y seguros, y debe nombrarse a un responsable que vele por su correcto funcionamiento.
- Sanciones
Se establecen sanciones para los obligados del sector privado y público que no cumplan con las disposiciones de la ley, como pueden ser el deber de implantar el canal interno de denuncias, vulnerar las garantías de confidencialidad y anonimato del informante, o la adopción de represalias en su contra o que afecten al resto de personas incluidas en el ámbito de protección de la ley. Estas sanciones incluyen multas que pueden llegar al millón de euros y la exclusión de licitaciones públicas.
Cómo denunciar las infracciones
Si has sido testigo de infracciones penales o administrativas, puedes acudir al canal interno de la entidad en la que se ha cometido la irregularidad, o bien optar por informar a la autoridad independiente de protección del informante (A.A.I.) con un procedimiento para la denuncia de prácticas corruptas. Esta denuncia debe incluir información detallada sobre los hechos u omisiones que has presenciado. Tu identidad como denunciante debe ser protegida. Por lo tanto, no es necesario revelarla al presentar una comunicación a través de estos canales.
Protecciones y medidas de apoyo para los informantes bajo la Ley Whistleblowing
La Ley Whistleblowing también establece medidas para proteger a los informantes que comunican infracciones penales o administrativas en el ámbito laboral o profesional. Estas medidas incluyen principalmente la protección del empleo del denunciante y de sus derechos y la prohibición de represalias en su contra por haber informado de una irregularidad.
Además de las medidas de protección, se establecen medidas de apoyo para los informantes, tales como la posibilidad de recibir asesoramiento sobre los procedimientos disponibles para denunciar y la posibilidad de obtener una reducción de la pena en caso de que el informante haya participado en las prácticas corruptas.
Beneficios del canal de denuncias interno para las empresas
La protección de los denunciantes puede tener muchos aspectos positivos para las empresas. Algunos de los beneficios más importantes de la implantación de un canal de denuncias interno incluyen:
- Ayudar a prevenir comportamientos inapropiados.
- Proteger la reputación de la empresa.
- Evitar eventuales responsabilidades legales por parte de la organización.
- Demostrar el compromiso de la empresa con la ética y la legalidad.
- Aumentar la confianza de las partes interesadas en la empresa.
En general, disponer de un sistema interno de información efectivo que proteja a los denunciantes puede ser un factor determinante en el éxito a largo plazo de una empresa.
Pasos para que las organizaciones cumplan con la Ley 2/2023.
Las empresas y entidades del sector público deben cumplir con las disposiciones de la Ley 2/2023. Para ello, deben tomar las siguientes medidas:
- Establecer canales de denuncia internos que sean accesibles, confidenciales y seguros para que los potenciales informantes puedan comunicar ilícitos penales o administrativos. En caso de tener página web, el canal interno deberá constar la página de inicio en un lugar visible para su acceso.
- Nombrar a un responsable encargado de gestionar el canal de denuncias, cuyas funciones podrán delegarse a un tercero externo, y aprobar un procedimiento de gestión de la información recibida a través del referido canal.
- Velar por la protección de la identidad del informante mediante la prohibición de adopción de represalias y de cualquier acción que pueda perjudicarle por haber comunicado una acción u omisión que pueda constituir un delito o una infracción administrativa.
- Establecer medidas para prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas. Estas medidas incluyen la identificación de riesgos, la implementación de controles y protocolos internos, y la promoción de la transparencia.
- Contar con un libro-registro de las informaciones recibidas y de las investigaciones internas a que hayan dado lugar las denuncias recibidas a través del canal de denuncias interno.
Impacto de la Ley 2/2023 en empresas y administraciones públicas.
La Ley del Informante no solo tendrá un impacto significativo en las empresas y organismos públicos ya la hora de establecer medidas para proteger a los denunciantes y prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, sino que también tendrá un impacto en la cultura empresarial en España. La promoción de la transparencia y la protección de los informantes pueden cambiar la forma en que las personas físicas y jurídicas operan y se relacionan entre ellas a fin de fomentar una cultura de integridad y responsabilidad.
Conclusión y futuro de la protección de los denunciantes.
La Ley 2/2023 es un paso importante en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia en España. Esta ley establece medidas para proteger a los denunciantes y sancionar a los responsables tanto por la comisión de la infracción penal o administrativa, como por la adopción de represalias contra los informantes.
Sin embargo, el futuro de la protección de los informantes dependerá de la implementación efectiva de la Ley 2/2023 y del compromiso continuo de empresas, entidades públicas y la sociedad en general para promover la transparencia y luchar contra la corrupción y la comisión de prácticas que constituyan un ilícito penal o administrativo.
