Canal de denuncias: obligación de notificar el nombramiento y cese del Responsable del Sistema a la AIPI

Novedad legal

La AIPI habilita el formulario para la notificación del Responsable del Sistema

La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) ha puesto en funcionamiento en su sede electrónica el formulario para la notificación del nombramiento y cese del Responsable del Sistema Interno de Información (RSII), en cumplimiento de lo previsto en el artículo 8 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero.

Como recordatorio, dicha Ley —que transpone la Directiva (UE) 2019/1937— obliga a determinadas entidades del sector privado a disponer de un Sistema Interno de Información (canal de denuncias), que debe contar con un Responsable del Sistema encargado de su correcta gestión y de la protección de las personas informantes.

En este contexto, resulta relevante tener en cuenta lo siguiente:

  • El nombramiento y el cese del RSII deben comunicarse a la AIPI (o, en su caso, a la autoridad autonómica competente).

  • De acuerdo con el Real Decreto 1101/2024, los nombramientos y ceses realizados desde la entrada en vigor de la Ley 2/2023 deberán notificarse en un plazo de dos meses, que comienza el 10 de febrero de 2026 y finaliza el 10 de abril de 2026.

  • A partir de dicha fecha, cada nuevo nombramiento o cese deberá comunicarse en el plazo de diez días hábiles desde que se produzca. En caso de cese, deberán indicarse las razones que lo justifican.

La notificación debe realizarse a través del formulario electrónico habilitado en la sede electrónica de la AIPI, que permitirá obtener el correspondiente acuse de recibo.

Más información en el portal de la AIPI, aquí

Desde Duran-Sindreu quedamos a su disposición para verificar si su entidad se encuentra obligada, revisar la correcta designación del Responsable del Sistema y asistirles en el proceso de notificación ante la AIPI.

Más información y contacto de Compliance:

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Sandra Soler

Sandra desarrolla su actividad profesional asesorando a una amplia gama de entidades, tanto públicas como privadas, en diversas jurisdicciones y sectores. Su enfoque se centra en la implementación y seguimiento de modelos de prevención del delito, sistemas anti-blanqueo de capitales, implantación de sistemas internos de información, planes de igualdad y más, así como el seguimiento y auditorias de tales sistemas.

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