El pasado 17 de febrero de 2026, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública

Este movimiento legislativo supone un paso decisivo hacia un modelo de gestión pública más íntegro y transparente. Es el texto normativo más ambicioso del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción: contempla la modificación de 18 leyes y tendrá un impacto directo sobre todas las entidades del sector público.

Si trabajas en una administración o entidad pública, te adelantamos los 5 cambios clave que te afectarán directamente:

1. Creación de una autoridad única de integridad

Se constituye la Agencia Independiente de Integridad Pública, que unificará las competencias hasta ahora dispersas en organismos como la Oficina de Conflictos de Intereses o la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. (creada por la Ley 2/2023).

El objetivo: un solo interlocutor, menos burocracia y mayor poder de supervisión.

2. La obligatoriedad de los Sistemas de Integridad (Compliance)

El cambio más relevante: las entidades públicas que, en cumplimiento de la Ley 2/2023, ya disponen de un Sistema Interno de Información, estarán obligadas a implantar un sistema de integridad o compliance completo.

Lo que hasta ahora era buena práctica opcional se convierte en una exigencia legal ineludible.

3. Elaboración obligatoria de mapas de riesgos

Todas las entidades tendrán que identificar, evaluar y gestionar sus vulnerabilidades, con un foco especial en áreas críticas como:

• Contratación pública
• Gestión de subvenciones

Se consolida un modelo de gestión proactiva: detectar riesgos antes de que se materialicen, no sólo reaccionar frente al daño.

4. Tecnología e IA para una contratación más transparente

Se refuerza la trazabilidad de los procesos de compra pública con la incorporación de herramientas de inteligencia artificial y Big Data para detectar irregularidades y patrones anómalos.

La transparencia evoluciona: deja de ser meramente documental para convertirse en analítica y predictiva.

5. Refuerzo integral de la protección al informante (whistleblower)

Se amplía y mejora el marco de protección ya establecido por la Ley 2/2023:

• La protección se extiende hasta cinco años.
• Se reconoce explícitamente el derecho a ser indemnizado por daños.
• Se endurece el régimen sancionador para las represalias.
• La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) gana competencias, incluido el comiso sin previa condena.
  
  

Conclusión: anticiparse como estrategia clave

En resumen, el marco normativo español da un salto cualitativo hacia un sistema integral de prevención, control, protección y sanción.

Anticiparse a estos cambios no es una opción, sino una estrategia clave para garantizar una ordenada y eficaz transición.

En Duran Sindreu, acompañamos a entidades públicas y del tercer sector en el diseño y la implantación de sistemas de ‘compliance’ e integridad adaptados a la nueva realidad normativa.

¿Tienes dudas sobre cómo afecta a tu organización? Hablemos.