Un nuevo avance hacia la desjudicialización en materia societaria.

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27/01/2016

Es sobradamente conocido por todos los ciudadanos, especialmente por los profesionales jurídicos, el colapso que se vive en los Juzgados de toda España por la falta de medios y los numerosos asuntos que se destinan a los mismos. Es por ello que resulta relevante hacer mención a la esperada Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, - decimos esperada puesto que, como es sabido, se trata de una Ley que debería haberse publicado en 2001, según el mandato del legislador, tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil-.


 

Con esta Ley se opta por atribuir el conocimiento de un número significativo de asuntos que tradicionalmente se incluían bajo la rúbrica de la jurisdicción voluntaria a distintos operadores jurídicos no investidos de potestad jurisdiccional, tales como Secretarios judiciales, Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles, de manera que compartan con carácter general la competencia para su conocimiento.


 

Debemos resaltar que la desjudicialización pretendida por la Ley en modo alguno pone en riesgo el cumplimiento de las garantías esenciales de tutela de los derechos e intereses afectados, puesto que abarca supuestos de jurisdicción voluntaria sin contenido jurisdiccional, en los que predominan elementos de naturaleza administrativa, permitiendo así disminuir la excesiva carga de trabajo de los Juzgados.


 

En materia societaria, la Ley atribuye diversas competencias a los Registradores Mercantiles y Notarios, si bien estas se comparten con los secretarios judiciales, de modo que sean las propias partes interesadas las que decidan a quien acudir. Consideramos que dicha atribución de competencias es un acierto notable por parte del legislador debido a la sobrada capacidad jurídica y mayor agilidad que pueden aportar estos profesionales.


 

En concreto, las novedades en materia societaria son las siguientes:


 

  • Convocatoria por el Registrador Mercantil de juntas generales (arts.169, 170 y 171 Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) y asambleas de obligacionistas (art. 422.3 LSC).



  • Nombramiento y revocación por el Registrador Mercantil de liquidador (arts. 377 y 380 LSC), auditor (arts. 265 y 266 LSC) o interventor (arts. 381 y 389 LSC).



  • Reducción de capital social por el Registrador Mercantil a falta de amortización o enajenación de participaciones o acciones (art.139.3 y 139.4 LSC y 141.2 LSC).



  • Robo, hurto, extravío o destrucción de título valor o representación de partes de socio, cuya competencia se atribuye a los Notarios (art. 78 Ley del Notariado)



  • Nombramiento de perito en contratos de seguro, cuya competencia también se encuentra atribuida a los Notarios (art.80 Ley del Notariado)


 

Así, no cabe duda de que, con las modificaciones efectuadas por la Ley de Jurisdicción Voluntaria, se busca flexibilizar la tramitación de determinados asuntos mercantiles y, si bien auguramos una buena acogida en el marco de la vida societaria, aún queda ver si en la práctica se consiguen los principales objetivos de la Ley: una reducción de costes y mayor agilización que permite descargar a los Juzgados Mercantiles que tan colapsados se encuentran actualmente.


 



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