Novedades del Real Decreto 56/2016 sobre la auditora energética.

26/02/2016

El pasado 13 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía (en adelante, el “Real Decreto”).


 

La finalidad principal del Real Decreto, que entró en vigor el día siguiente a su publicación, es impulsar y promocionar un conjunto de actuaciones dentro de los procesos de consumo energético de las empresas que, en su caso, permitan contribuir al aumento de un veinte por ciento (20%) de la eficiencia energética para el año 2020, que es uno de los objetivos marcados por la Unión Europea en este ámbito.


 

El Real Decreto se aplica a las grandes empresas, es decir, a aquellas que ocupen como mínimo a 250 personas o, en su defecto, tengan un volumen de negocio que exceda los 50 millones de euros y cuenten con un balance general que sobrepase los 43 millones de euros. Asimismo, el Real Decreto también afecta a los grupos de sociedades que cumplan con dichos requisitos. En este sentido, por tanto, quedan excluidas del ámbito de aplicación del Real Decreto las microempresas y las pequeñas o medianas empresas (PYMES).


 

Las grandes empresas o grupos de sociedades deberán someterse a una auditoría energética cada cuatro años. Ésta deberá cubrir, al menos, el ochenta y cinco por ciento (85%) del consumo de energía total del conjunto de las instalaciones ubicadas en el territorio nacional. Con el propósito de justificar el cumplimiento de esta obligación las grandes empresas podrán optar entre:


 

  1. Realizar la auditoría energética cada cuatro años respetando las directrices marcadas por el Real Decreto. Entre otras, las directrices a destacar son (i) que la auditoría se base en datos operativos actualizados; (ii) abarque un examen pormenorizado del perfil de consumo de energía o, (iii) se fundamente en criterios de rentabilidad en el análisis del coste de ciclo de vida.
  2.  
  3. O bien, las empresas podrán aplicar un sistema de gestión de la energía que incluya una auditoría energética, siempre y cuando ésta cumpla con las directrices señaladas en el Real Decreto. En este caso, el sistema de gestión implementado tendrá que estar certificado por el correspondiente organismo independiente avalado por las normas europeas o internacionales correspondientes.


 

De la auditoría energética se encargará a un auditor energético. Éste deberá estar en posesión del título universitario pertinente o, en su defecto, acreditar unos conocimientos teóricos y prácticos sobre energía por medio de un título de formación profesional incluido en el Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales o tener una reconocida competencia profesional adquirida por experiencia laboral.


 

La auditoría energética tendrá que inscribirse en el Registro Administrativo de Auditorías Energéticas habilitado a tal efecto y, además, conservarse en vigor para el caso de que se iniciara un eventual procedimiento de inspección por parte del órgano de la Comunidad Autónoma competente en materia de eficiencia energética.


 

En relación con lo anterior, cabe destacar que las empresas afectadas por el Real Decreto están obligadas a realizar la auditoría energética antes de que transcurran nueve meses desde la fecha de entrada en vigor del mismo.


 

En otro orden, por lo que respecta a los proveedores de servicios energéticos, es decir, aquellos que aplican servicios o medidas de mejora de la eficiencia energética en la instalación de un cliente final, el Real Decreto establece que, entre otros requisitos, (i) deberán tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por una cuantía mínima de 150.000 euros que cubra los riesgos que puedan derivarse de su actuación y (ii) presentar una declaración de responsable previa al inicio de la actividad.


 

Por último el régimen sancionador del Real Decreto prevé que el incumplimiento de lo establecido en el mismo podrá ser sancionado de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 80 y 82 de la Ley 18/2014, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. A modo enunciativo, destacan como infracciones muy graves la falta de realización de la auditoría energética en el plazo estipulado o el incumplimiento por parte de los proveedores de servicios energéticos de la obligación de mantener la vigencia del contrato de seguro de responsabilidad civil. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con una multa económica por importe no inferior a 6 millones de euros ni superior a los 60 millones de euros.


 

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