La “anunciada” inconstitucionalidad – parcial- del primer Real Decreto de declaración del estado de alarma.

Escrito por Gabriel Capilla | General

15/07/2021

Desde Duran-Sindreu, compartimos unas iniciales y brevísimas reflexiones:


Hace unas semanas que en los medios de comunicación y en las redes sociales, de forma sorprendente y preocupante desde el punto de vista del prestigio de nuestras instituciones, se nos ha ido “retransmitiendo en directo” el minuto de juego y resultado, prórroga y incluso los penaltis, del proceso de elaboración y deliberación del borrador de la sentencia que ahora nos ocupa.


Finalmente, el pleno del Tribunal Constitucional en fecha 14 de julio ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado contra varios preceptos del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.


La sentencia adoptada por mayoría de los miembros del TC cuenta con los votos particulares de su Presidente Juan José González Rivas, y de los magistrados Andrés Ollero, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer.


De acuerdo con la información publicada por el propio Tribunal, lo más relevante del fallo es:



El alcance y los efectos de estas declaraciones de inconstitucionalidad y nulidad los conoceremos cuando se publique el texto completo de la sentencia.


De forma previa a la publicación en los próximos días del contenido íntegro de la sentencia y de sus votos particulares, desde Duran-Sindreu, compartimos unas primeras y rápidas reflexiones sobre algunas de las posibles consecuencias prácticas de esta importantísima resolución del TC:


  • Las decisiones adoptadas por cualquiera de las Administraciones Públicas u otras entidades del Sector Público fueran de la naturaleza que fueran, y que se fundamentaron en base a las previsiones de los preceptos declarados inconstitucionales y nulos, resultan cuestionables en términos de su legalidad.

  • Lo anterior comporta que en todo caso dichas decisiones, ya sean actos administrativos o actos de naturaleza normativa, requerirán un análisis individualizado, en términos de su más que posible invalidez y de una eventual concurrencia de responsabilidad patrimonial derivada por los daños y perjuicios antijurídicos sufridos por los particulares ya fuesen personas físicas o jurídicas.


Habrá que estar al contenido de la sentencia, y también al de los votos particulares, para poder disponer de mayor fundamento, para el análisis de cada situación jurídica individualizada.



Gabriel Capilla

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