El impacto de los fondos “Next Generation EU”en la contratación del Sector Público

Escrito por Gabriel Capilla | General

25/05/2021

El pasado día 20 de mayo @DS, juntamente con @Ayming, organizaron una webinar en relación con los fondos “Next Generation y otras oportunidades de financiación para Empresas y Pymes”. Como es conocido los fondos de recuperación conocidos como “Next Generation EU”, fueron aprobados por el Consejo Europeo el 21 de julio de 2020, y el día 7 de octubre de 2020, fue presentado el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española”, aprobado por el ejecutivo español.


El Plan de Recuperación se estructura en torno a las cuatro transformaciones; la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género, y la cohesión social y territorial. El Plan, a su vez, “se estructura en torno a diez políticas palanca urgentes por su alta capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo para la modernización de nuestra economía y sociedad : (i) agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación; (ii) infraestructuras y ecosistemas 29 resilientes; (iii) transición energética justa e inclusiva; (iv) Administración para el siglo XXI; (v) modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España Nación Emprendedora; (vi) pacto por la ciencia y la innovación; refuerzo de la capacidad del Sistema Nacional de Salud; (vii) educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades; (viii) nueva economía de los cuidados y políticas de empleo; (ix) impulso de la industria de la cultura y el deporte; (x) modernización del sistema fiscal para un crecimiento sostenible e inclusivo”.


Según está previsto, España recibiría un total de 69.528 millones de euros en transferencias no reembolsables y podría acceder a más de 70.000 millones de euros en préstamos. La asignación efectiva de estos recursos y su implementación se someten a un calendario muy riguroso. Así pues, en los próximos tres años deben estar asignados, licitados, adjudicados y ejecutados o en ejecución los diferentes proyectos.


El volumen de los recursos “Next Generation EU y el poco tiempo para hacer efectivas las concreciones de las inversiones que de ellos derivan ha llevado sl Gobierno del Estado y al Gobiernos de algunas CCAA a modificar la normativa reguladora de los dos principales instrumentos formales para canalizar dichos recursos. Nos referimos a los procedimientos de contratación del Sector Público y, a los procedimientos de gestión de subvenciones. En estos dos ámbitos tanto el Gobierno estatal, como algunos autonómicos[1], han aprobado disposiciones para intentar aligerar la carga normativa en estos ámbitos. A continuación, señalaremos algunas de las novedades introducidas por la disposición estatal que mayor impacto ha tenido en estos ámbitos: el Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, (BOE de 31.12.20).

  • Contratación del Sector Público. Como bien conocen los operadores públicos y privados, estamos ante en un ámbito ya de por sí de alta complejidad en su gestión y de una configuración normativa muy densa. A todo ello debemos añadirle el carácter inestable de dicho marco normativo, que no ayuda a garantizar la necesaria seguridad jurídica. Sin duda la gestión de estos procedimientos en el marco de los fondos NG supondrá un desafío para las unidades de contratación del Sector Público estatales, autonómicas y locales.


El Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, (BOE de 31.12.20) intenta adoptar medidas para agilizar los procedimientos de licitación, así, por ejemplo, y entre otras:


  • La consideración de urgencia, que no emergencia, en la tramitación de todos los expedientes (art. 48), para su impulso preferente, y reducción de plazos a la mitad (con excepción del procedimiento abierto simplificado).
  • El Real Decreto ley (art. 69) se decanta por el uso de la técnica de sociedad de economía mixta para la adjudicación de los PERTE.

  • Se propone en el artículo 54, a fin de homogeneizar y agilizar los procesos de contratación, la elaboración de pliegos-tipo de cláusulas técnicas y administrativas.


  • Subvenciones. En el ámbito de los procedimientos de adjudicación de subvenciones, también los operadores públicos se encuentran ante un desafío de alcance similar a los apuntados en relación el ámbito de la contratación del Sector Público. En este caso, con la peculiaridad, de que la flexibilización de los requerimientos procedimentales de otorgamiento de ayudas y subvenciones, no deberían ir en detrimento del control del buen fin del importe otorgado.


Así pues, el Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, también prevé medidas de agilización de las subvenciones financiables con fondos europeos, entre otras se destacan:


  • Se prevé la exoneración de la autorización del Consejo de Ministros (art.60) prevista artículo 10.2 de la Ley General de Subvenciones, para subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros. Así mismo, también se exonera en determinadas circunstancias del informe del Ministerio de Hacienda para el otorgamiento de subvenciones «en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública» previsto en el artículo 22.2.c) de la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.


  • En el artículo 61 se establece que las bases reguladoras de las subvenciones financiables con fondos europeos podrán incorporar la convocatoria de estas. También para la tramitación de la aprobación de las bases y convocatoria sólo serán preceptivos el informe de los Servicios Jurídicos correspondientes, y el informe de la Intervención Delegada que, será emitido en el plazo de diez días naturales.


  • En relación con la justificación de las subvenciones, el art. 63 establece, entre otras medidas que para la justificación de las subvenciones se eleva hasta 10.000 euros el límite de 3.000 euros para acreditar cumplimiento obligaciones tributarias y con Seguridad Social en la normativa de subvenciones. Muy relevante es la previsión de que en los supuestos en que las solicitudes deban incorporar de memorias económicas, se flexibilizan los compromisos recogidos en este documento, en el sentido de que se permitan compensaciones entre los conceptos presupuestados, siempre que, lógicamente, se dirijan a alcanzar el fin de la subvención.


Finalmente, y no por ello menos importante, hay poner de relieve el establecimiento en dicho RDL 36/2020 de una serie de instrumentos para fomentar e incentivar la colaboración público-privada para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. A efectos meramente enunciativos, son los siguientes.

  • El art.67 recoge las Agrupaciones para la presentación de solicitudes a convocatorias de ayudas y subvenciones para actividades vinculadas con el Plan.


  • El art. 68 se refiere al Régimen especial de los consorcios para la ejecución del Plan.


  • El art.69, apuesta por la ejecución del Plan a través de sociedades de economía mixta.


  • Finalmente, en el art.59, se prevén medidas de agilización de los convenios financiables con fondos europeos.



Gabriel Capilla

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