Ya no hace falta ni tener personal empleado para que la actividad de arrendamiento realizada por una persona jurídica sea considerada actividad económica. Eso sí, deben concurrir ciertos requisitos.

15/04/2016

Con la entrada en vigor en el año 2015 de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades (Ley 27/2014), se incorporó a su redacción, a través del artículo 5 de la misma, el concepto de arrendamiento como actividad económica que, hasta ese momento, se aplicaba, respecto de las personas jurídicas, por remisión a lo dispuesto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Ley 35/2006).



Aunque de una rápida lectura de ambos preceptos se llega a la conclusión que su redacción es idéntica cuando para su ordenación se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y jornada completa”, no lo está siendo tanto la interpretación que desde la Dirección General de Tributos (DGT) se está fijando cuando la actividad de arrendamiento la realiza una persona jurídica.



Al respecto, y desde finales del año pasado, esta Dirección General viene interpretando y, en consecuencia, fijando el criterio que el requisito de la persona empleada no es imprescindible para poder considerar que una entidad desarrolla una actividad económica de arrendamiento de inmuebles.



Ahora bien, esta no exigencia de incorporar a una persona en nómina ha de suplirse con el hecho de que la sociedad en cuestión tenga externalizada (subcontratada) las funciones que, hasta la fecha, debía de realizar el trabajador contratado.



Esta externalización ha de contener o incluir una serie de requisitos para que sea “convalidada” por los órganos de gestión e inspección de la Agencia Tributaria y no se cuestione la realidad de la actividad económica de arrendamiento.



Sin estar expresamente tasados éstos pero sí enumerados en sendas contestaciones a consultas vinculantes (entre otras, CV 3380-15, CV 3915-15 y CV 660-16), se podría decir con rotundidad que, como mínimo, la mencionada subcontratación debe contener un amplio elenco de funciones que incluyan la completa administración y gestión de todos los bienes inmuebles que formen parte del activo de dichas entidades.



No obstante lo expuesto, es necesario matizar, como también hace la DGT en todas las consultas evacuadas hasta la fecha, que las funciones de administración y gestión han de ser realizadas porterceros profesionalmente dedicados a la gestión de activos” o “sociedades especializadas”.



Estas puntualizaciones, como es obvio, pueden ser el hilo del que la Agencia Tributaria pueda tirar en el momento de valorar si estos terceros externos son aptos o no para llevar a cabo las funciones apuntadas.



Por otro lado, consideramos oportuno puntualizar que, respecto del concepto de actividad económica de arrendamiento, la Ley del Impuesto sobre Patrimonio (IP) sigue, a día de hoy, haciendo referencia expresa y obligada a la Ley del IRPF y, a su vez, la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones sigue haciendo referencia a la Ley del IP.



Así pues, no estaría de más una modificación legal o bien un pronunciamiento claro de la DGT que aclare este extremo ya que, como se ha apuntado, la Ley del IRPF sigue exigiendo la persona con contrato laboral y jornada completa.





< Volver a Noticias

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información estadística sobre tus hábitos de navegación y poder así mejorar y personalizar tu experiencia ofreciéndote contenidos de tu interés. Si sigues navegando, consideramos que aceptas su instalación y uso. Puedes obtener más información en la política de cookiesX