Un proyecto fiscal y social

Escrito por Antonio Durán-Sindreu Buxadé | Fiscal

12/04/2018

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son, sin duda, la principal herramienta del gobierno de un país. No voy sin embargo a entrar en su contenido, sino a justificar la imperiosa necesidad de una reflexión tan urgente, o más, que la de los propios Presupuestos.



La Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria (LEP) establece que en 2020 se ha de cumplir, entre otros límites, que el volumen de la deuda pública del conjunto de las Administraciones no supere el 60 % del PIB expresado en términos nominales, o el que se establezca por la normativa europea; límite, recordémoslo, que se distribuye en el 44 % para la Administración central, el 13 % para el conjunto de las CCAA, y el 3 % para el conjunto de las Corporaciones Locales.


Como ya sabemos, el importe de la deuda pública en los PGE continúa manteniéndose cercano al 100 % del PIB. Esto quiere decir que difícilmente se va a cumplir el objetivo presupuestario legalmente impuesto incumpliéndose, pues, el mandato del artículo 135 de la Constitución.



Además, hace años que nos financiamos a través de déficit público, esto es, y para entendernos, que los gastos son superiores a los ingresos, con el consiguiente deterioro financiero.



Así mismo, no parece tenerse muy en cuenta ni el principio de sostenibilidad financiera ni el de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, principio, este último, que significa que la gestión de los mismos ha de estar orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público. Creo, sinceramente, que en esta senda hay todavía mucho camino que recorrer.


La situación presupuestaria es pues cuanto menos preocupante; tanto, como para explicar a los ciudadanos la realidad, las consecuencias para sus bolsillos, cómo se va a sostener el actual Estado del Bienestar, y que la recuperación económica no va ser suficiente para cubrir los actuales niveles de deuda ni para hacer frente a las seguras turbulencias que nos esperan: sostenibilidad de las pensiones, envejecimiento de la población, paro juvenil y estructural, baja tasa de natalidad, avance tecnológico, aparición de los robots, profesionalización de las PYMES, y un larguísimo etcétera, incluida su financiación.


En este contexto, es necesario tener la valentía de reconocer esa realidad, las serias dudas sobre la sostenibilidad del actual Estado de Bienestar, y la importante hipoteca intergeneracional que estamos dejando a nuestros herederos. Desde esta perspectiva, los PGE son insuficientes ya que lo que verdaderamente se necesita es un claro, concreto y sostenible proyecto de futuro sin olvidar, claro está, la reforma integral de un sistema tributario ineficiente e injusto que dé respuesta a ese renovado y necesario proyecto económico y social.




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