Responsabilidad civil en la farmacia

Escrito por Daniel Autet | Farmacéutico

16/09/2019

En esta recta final del verano nos hemos visto sorprendidos con alarmantes noticias acerca de daños causados a consumidores como consecuencia de productos de alimentación que han provocado un grave brote de listeriosis y, en el ámbito farmacéutico, con el incidente relativo al suministro accidental a bebés de minoxidil en un medicamento contra el reflujo gástrico. Afortunadamente en este último caso no ha habido que lamentar víctimas y parece que todo habrá quedado en un enorme susto para las familias afectadas. No obstante, supuestos como el expuesto nos hacen plantear qué responsabilidad puede tener el farmacéutico al dispensar un producto que provoque un daño al paciente.


Como regla general, para que se pueda apreciar la existencia de responsabilidad civil en el titular de una oficina de farmacia (como en cualquier otro profesional) por los daños y perjuicios ocasionados por su actividad (en este caso por la dispensación de medicamentos, productos sanitarios o fórmulas magistrales), se deben cumplir tres requisitos de forma acumulativa: la acción u omisión culposa o negligente del profesional, la existencia de un daño a tercero evaluable económicamente y el nexo causal entre la acción culposa o negligente y el daño causado.


En el caso concreto de las fórmulas magistrales en las que se utilizó minoxidil, las farmacias que efectuaron la dispensación han quedado exoneradas de responsabilidad por faltar, cuanto menos, el primero de esos tres requisitos. Como acertadamente señaló el Juzgado que ha dirimido la denuncia penal contra titulares de oficina de farmacia, no procede investigar a los farmacéuticos, como se pedía en la denuncia de los afectados, porque “si lo que al parecer fue que un concreto lote tenía un medicamento por otro, en principio ni los pediatras que lo recetaron ni los farmacéuticos que elaboraron la suspensión, ya que se trataba de fabricarlo para niños de muy corta edad, tienen en principio conocimiento y voluntad de saber que lo que venga en una caja anunciado como un principio activo en realidad tenga un contenido diferente“.


“En principio, no es exigible a los farmacéuticos que, de cada lote de medicamento que llegue a sus manos, hagan un análisis químico para determinar si químicamente es una molécula u otra. Habiendo dicho esto, quedaría la responsabilidad de las personas jurídicas denunciadas”.


En efecto, la “lex artis” del farmacéutico en la preparación de fórmulas no le obliga a efectuar un análisis previo de las sustancias que ha adquirido de sus proveedores (debidamente autorizados y validados por las autoridades). Cuestión distinta sería si las características organolépticas del principio activo o del excipiente que utiliza fueran claramente distintas a las que anuncia el etiquetado (de modo que, sin un análisis preliminar el farmacéutico ya debiera conocer que está utilizando una sustancia incorrecta).


El mismo criterio sería aplicable si el daño al paciente es provocado por una defectuosa fabricación, por parte del laboratorio, de una especialidad farmacéutica, o si el médico realizó una prescripción incorrecta (sin que el farmacéutico pudiera apreciarla). Por tanto, cada agente de la cadena de prescripción y suministro del medicamento es responsable de su actuación, sin que los demás tengan porqué responder de vicios o defectos de quienes le han precedido (salvo que sean aparentes o constatables en caso de actuar con la diligencia debida). Por tanto, los casos típicos de responsabilidad en el farmacéutico se podrían dar por la dispensación de un medicamento distinto del prescrito, la conservación inadecuada del producto (por ejemplo, en el caso de los termolábiles), la entrega de productos caducados, retirados por alertas sanitarias, etc.


En todo caso, siempre es recomendable, cuando no preceptivo, contar con una póliza de responsabilidad civil que cubra ante las contingencias más graves y proporcione asistencia jurídica al farmacéutico ante cualquier reclamación.



Daniel Autet

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