Régimen sancionador del incumplimiento de la obligación de depósito de cuentas.

06/04/2021

A pesar de que el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) ya establecía la obligación de depositar, dentro del mes siguiente a su aprobación, las cuentas anuales en el Registro Mercantil del domicilio social de la sociedad y, por su parte, el artículo 283 de la LSC regulaba el régimen sancionador del incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de depositar dentro de plazo, lo cierto es que hasta la fecha era poco habitual encontrarnos con sanciones por el incumplimiento de esta obligación.


Con la entrada en vigor, el pasado 31 de enero de 2021, del Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y, en particular, en virtud de lo dispuesto en las disposiciones adicionales décima y undécima, lo que se pretende es justamente impulsar dicho régimen sancionador, haciendo efectivo el control en la infracción por falta de depósito de las cuentas anuales por las sociedades mercantiles, jugando los registradores mercantiles un papel determinante para ello.


Así, la disposición adicional décima establece la primera de las novedades introducidas por el Real Decreto; esto es, la posibilidad de encomendar a los registradores mercantiles que en cada caso sean competentes, la gestión y propuesta de decisión sobre los expedientes sancionadores por incumplimiento del deber de depósito de cuentas anuales.


La segunda novedad, la encontramos en la disposición adicional undécima. Dicha disposición viene a determinar, por un lado, el plazo para la tramitación del procedimiento sancionador y, por el otro, los criterios para la imposición de las sanciones por el incumplimiento de la obligación de depósito de cuentas.


  1. Por cuanto se refiere al plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento sancionador el Real Decreto establece que será de seis meses a contar desde la adopción por el Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) del acuerdo de incoación, sin perjuicio de la suspensión del procedimiento y de la posible ampliación de dicho plazo total y de los parciales previstos para los distintos trámites del procedimiento, según lo establecido en los artículos 22, 23 y 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
  2. En cuanto al importe de la sanción, se establece que, dentro de los límites establecidos en el artículo 283.1 LSC, ésta se determine en atención a lo siguiente:


    • La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última declaración presentada ante la Administración Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.


    • En caso de no aportar la declaración tributaria citada en la letra anterior, la sanción se establecerá en el 2 por ciento del capital social según los datos obrantes en el Registro Mercantil.


    • En caso de que se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fuera mayor que el 2 por ciento del capital social, se cuantificará la sanción en este último reducido en un 10 por ciento.


      Cabe destacar que el hecho sancionable no consiste en la falta de aprobación de las cuentas anuales por parte de la junta general o aprobación de las mismas fuera de plazo, sino que el hecho sancionable consiste en que los administradores no presenten a depósito las cuentas anuales en el Registro Mercantil del domicilio social de la sociedad en el plazo máximo de un mes desde su aprobación.


      En definitiva, todo parece indicar que la aprobación del Real Decreto conllevará un incremento de la actividad revisora, haciendo más efectivo el régimen sancionador del artículo 283 LSC, hasta ahora infrecuente.


      Para acabar, creemos convenientes recordarles la importancia del depósito de las cuentas anuales dentro de los plazos previstos normativamente, no solamente a los fines de evitar las posibles sanciones que puedan imponerse por parte del ICAC, sino también en aras a evitar (i) el cierre de la hoja registral –que tendrá lugar, transcurrido un año desde el cierre del ejercicio sin haber depositado las cuentas anuales correspondientes– así como (ii) las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse a los administradores sociales por el incumplimiento de sus obligaciones.




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