¿Quién paga realmente los impuestos?

Escrito por Antonio Durán-Sindreu Buxadé | Fiscal

16/11/2018

Como ya sabemos, la Sentencia sobre las hipotecas establece que en los casos de préstamos hipotecarios el sujeto pasivo es el banco. Pero no me voy a referir a ello. Hoy quiero centrarme en una cuestión colateral pero importante: ¿quién paga realmente los impuestos?


Quizás se sorprendan por mi pregunta porque es obvio que si el sujeto pasivo es el banco, este es sin duda quien los ha de pagar. Pero mi pregunta no es quien es sujeto pasivo, sino quien paga de verdad el impuesto. Los bancos lo tienen claro: los clientes. Y de ahí nuestra pregunta.


Para la empresa los impuestos son un coste que, de permitirlo el mercado, se traslada al “consumidor”. El mercado, y no la ley, es quien determina su repercusión vía precio. Si aquel lo permite, la empresa mantendrá su rentabilidad trasladándolos al consumidor. Y si no lo permite, su rentabilidad se reducirá en el importe que aquel no le permita repercutir. Los impuestos, cuya necesidad no cuestiono, inciden en el mercado. De ahí, la necesidad de que sean eficientes. Desde esta perspectiva, casi todos los impuestos los acaba soportando quien no tiene ninguna posibilidad legal ni económica de repercutirlos a nadie.


Ocurre, es cierto, que el mercado, esto es, la libre competencia, puede impedir que los impuestos se trasladen total o parcialmente a través de los precios. En este caso, los beneficios de la empresa se reducen y, al reducirse, se reduce también su capacidad de inversión y de contratación. En la medida en que tal reducción no se compense con una mejora en la eficiencia, aquella conlleva una pérdida en términos de riqueza. Al no incrementarse los precios, el consumidor mantiene intacta su capacidad de consumo, ahorro o inversión. Por su parte, una parte de ese dinero que se detrae del sector privado en favor del sector público, se incorpora de nuevo al primero a través de muy diferentes formas. Pero puede también ocurrir que no lo haga por muy diversas causas: subvenciones a sectores deficitarios, duplicidades, políticas ineficaces, gastos superfluos, inversiones innecesarias, falta de racionalidad en el gasto, déficits de eficiencia, etc. En este caso, el perjudicado es la economía en general y el ciudadano en particular.


Sea como fuere, en la medida en que el dinero que se detrae de la economía disminuye la capacidad de inversión, contratación, ahorro o consumo, es imprescindible que aquella tenga su retorno a la sociedad a través de una justa redistribución de la riqueza, que significa que paguen quienes más tienen y menos perjuicio pueda tener para la economía, y que su retorno lo sea en favor de quienes menos tengan y en favor también de la economía. Y siempre sin olvidar que tal detracción no puede ser caprichosa y se ha gestionar con austeridad y eficiencia. De lo contrario, recordémoslo, es la economía y los ciudadanos a quienes se perjudica.


En definitiva, todo céntimo de euro que se cobre indebidamente de más es un céntimo de euro menos que se incorpora a la economía y un céntimo de euro que a alguien empobrecerá. Y todo céntimo de euro detraído de quien no procede y/o indebidamente redistribuido, lo es en perjuicio de la economía y de los ciudadanos. Evitarlo exige eficiencia y permanente evaluación de las políticas públicas.


Sea como fuere, lo importante es que los impuestos no se acaben trasladando al consumidor ya que, de ser así, la redistribución no es efectiva y este ve reducida su renta disponible con efectos en su consumo, ahorro o inversión y el consiguiente empobrecimiento del país.


En este contexto, la clave reside, primero, en que la renta disponible del consumidor final aumente, segundo, que la redistribución de la renta a través de los impuestos se haga y opere correctamente, tercero, que el dinero que se detrae del sector privado retorne directa o indirectamente al mismo, y cuarto, que la gestión del gasto sea óptima y transparente.


Pues bien; la impresión que yo tengo es que la casi totalidad de los impuestos los soporta el consumidor, quien, recordémoslo, no ha aumentado en términos reales su renta disponible; que las empresas no han podido repercutir todos los impuestos y que sus beneficios se han reducido; y que no hay un verdadero control del gasto. Y todo, en el marco de una distribución muy desigual de la renta en la que el pastel se reparte de forma desigual: los ricos son cada más ricos, la clase media está más empobrecida y el umbral de la pobreza aumenta. Panorama sombrío cuya única solución es reducir los impuestos, esto es, aumentar la renta disponible de los ciudadanos, circunstancia que obliga al Estado a asumir el reto que todo político elude: afrontar nuestro problema real que es de gasto, problema cuya solución no es reducir la sociedad del bienestar, sino evitar las duplicidades, lo superfluo, evaluar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, gestionar eficientemente, luchar contra el fraude, profesionalización, objetivos, y un largo etcétera. Esta es la primera lección que todo estratega que no persigue réditos electorales a corto plazo ha de aplicar. Para los que no lo son, la justicia social justifica el aumento de impuestos y la prevalencia de lo público frente al control del gasto, olvidándose de que solo después de este último es cuando hay que afrontar el tema de la efectiva redistribución de los impuestos y la necesidad o no de subirlos, modificarlos, y/o crear otros nuevos. Pero eso, resta votos.



< Volver a Noticias

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información estadística sobre tus hábitos de navegación y poder así mejorar y personalizar tu experiencia ofreciéndote contenidos de tu interés. Si sigues navegando, consideramos que aceptas su instalación y uso. Puedes obtener más información en la política de cookiesX