Posible inconstitucionalidad de los Pagos Fraccionados del IS

Escrito por Gorka Alonso-Cuevillas | Fiscal

28/01/2019

Hace escasos días se ha tenido conocimiento de la formulación, por parte de la Audiencia Nacional (AN), de una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) en relación con la regulación de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades (IS) y que fue introducida por el Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, mediante el que se introdujeron medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público.


Dicho Real Decreto-ley, en vigor desde el mismo día de su aprobación, ha supuesto un enorme varapalo para aquellos contribuyentes del IS ya que, para el cálculo de sus pagos a cuenta de dicho tributo, deben comparar el resultado que se obtiene de la liquidación “ordinaria” de dichos pagos con el resultado que arroje la aplicación de un porcentaje del 23% a su resultado contable.


Es decir, dicha normativa obliga desde su promulgación a pagar como mínimo el 23% del beneficio contable que se obtiene de la cuenta de explotación obviando por completo el esquema liquidatorio propio del IS que, como se sabe, no sólo está conformado por el mencionado resultado contable sino que a éste hay que aplicarle las correcciones propias de este impuesto tal y como dispone el artículo 10 de la Ley del IS.


Aunque modificar por completo (como se hizo) la regulación de los pagos a cuenta no ha supuesto “en esencia” un mayor pago efectivo del IS sí que ha significado que aquellos contribuyentes con un importe neto de la cifra de negocios superior a 10 millones de euros (que son a los que se aplica esta regulación) tengan la obligación de “adelantar” a Hacienda enormes cantidades de dinero provocando, en consecuencia, una enorme distorsión de sus flujos de tesorería así como una gran alteración de sus previsiones de liquidez.


Se menciona que la regulación no afecta al pago efectivo del tributo porque los pagos fraccionados no son más que pagos anticipados de la futura liquidación final del impuesto que ha de practicarse a la finalización del período impositivo siendo en este momento aplicables todas las correcciones o “ajustes extracontables” que estable la Ley de IS.

No obstante, la AN parece interpretar y por ello el motivo del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad TC, que el citado Real Decreto-ley quebranta algunos derechos constitucionalmente protegidos y por ello, según dicción literal de la propia Constitución Española, nunca debería haber formado parte de nuestro marco normativo.


Concretamente, el artículo 86 de la Carta Magna establece que los Decretos-leyes no podrán afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I. Y, se recuerda, que dentro de dicho Título I se encuentra recogido (en el artículo 31) el principio de capacidad económica que, a juicio de la AN, podría haberse vulnerado por el hecho de que la regulación actual de los pagos fraccionados (cuándo es de aplicación el porcentaje del 23% del resultado contable) no atiende a la capacidad real de contribuir del contribuyente puesto que, al obviar el esquema liquidatorio propio del IS, no permite aplicar las exenciones propias del tributo ni permite compensar resultados negativos de ejercicios anteriores.


Según apunta la AN en la motivación de su planteamiento dirigido al TC, no tendría demasiado sentido ni encaje constitucional pretender obviar el principio de capacidad económica real en los pagos fraccionados de un tributo para luego preservarlos en la liquidación definitiva. Es decir, este quebranto, aunque sea “momentáneo”, de la capacidad contributiva no deja de ser una “agresión” a un principio constitucionalmente protegido también para las personas jurídicas.


Así pues, en este escenario, cabría plantearse cómo actuar de cara a los próximos devengos de los pagos fraccionados y dicha respuesta no puede ser otra que seguir aplicando la normativa actualmente en vigor ya que el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad no tiene efectos suspensivos respecto de la normativa cuya inconstitucionalidad se alega.

Por otro lado, sorprende la actuación llevada a cabo por la AN mediante el cuestionamiento de la constitucionalidad de la actual normativa de los pagos fraccionados del IS ya que, en fechas recientes y concretamente el 10 de octubre de 2018, el Tribunal Supremo (TS) dictó un Auto de inadmisión de un Recurso de Casación interpuesto precisamente contra una Sentencia de la propia AN y cuyo principal argumento o petición (el del Recurso de Casación) era precisamente instar al TS para que interpusiera una cuestión de inconstitucionalidad al TC por el mismo asunto.


Es decir, la AN, vista la actuación del TS en el sentido de oponerse a plantear la inconstitucionalidad de la norma al ha decidido en esta ocasión “tirar por el camino de en medio” y ser ella quién plantee el encaje constitucional directamente al TC.


Sea como fuere, y dado el firme convencimiento de la AN en determinar el correcto encaje de esta normativa en el acervo constitucional, sería muy necesario que el TC actuara en este caso con la máxima celeridad no sólo para aclarar esta posible vulneración de derechos constitucionales sino para fijar criterio respecto de posibles futuras modificaciones en materia tributaria -puestas ya encima de la mesa- y que, en aras de una reducción del déficit público, tienen visos de suponer un auténtico estrangulamiento fiscal.




Gorka Alonso-Cuevillas

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