Panamá: una reflexión

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15/04/2016

Publicado en Iuris Lex (8/04/2016)




Los “papeles de Panamá” parecen haber revolucionado el ya muy convulso panorama de nuestra fiscalidad. Pero, ¿cuáles son en España sus consecuencias tributarias prácticas? La respuesta a esta pregunta exige recordar la última de las “amnistías fiscales” y las reformas fiscales en materia de lucha contra el fraude.


En efecto; es más que probable que algunos de los residentes en España incluidos en la información hecha pública se hayan acogido a la citada amnistía. Habrá, incluso, quienes hayan ya también regularizado su situación tributaria por otras vías. En tales casos, la información publicada no les afecta en lo mas mínimo.



Es posible que la inversión de otros sea absolutamente transparente y lícita. Operar con un país de baja o nula tributación “no es pecado”; lo es si su utilización es para defraudar u ocultar a Hacienda. Es pues absolutamente lícito que rentas totalmente transparentes opten por tributar de forma lícita en países de baja o nula tributación con la finalidad de minimizar el impacto de los impuestos. Si tales rentas se han generado realmente en tales países, nada que objetar. No se puede incluso hablar ni de elusión, esto es, de “jugar” en la mismísima “delgada línea roja”. Se trata, sin más, de una legítima opción al alcance, eso sí, de las rentas más altas o de quienes más posibilidades tienen económicamente. Incluso, en ocasiones, tal forma de actuar obedece a razones de estrategia empresarial ajenas a la fiscalidad. Sea como fuere, la filtración de información no les afecta tampoco para nada.



Para otros, es probable que la información hecha pública proceda de rentas no declaradas, supuesto en el que, sea cual sea el periodo al que corresponden, estamos ante lo que se denomina una ganancia patrimonial no justificada, esto es, ante un ingreso que ha de tributar. En estos casos, recordémoslo, la prescripción no juega. Si las inversiones financiadas con tales rentas no se han declarado en el denominado Modelo 720, las consecuencias tributarias son pues letales incluida, claro está, la posibilidad de incurrir en presunto delito fiscal. En estos casos, lo que procede es cotejar las declaraciones presentadas y los datos que obren en poder de la Administración y actuar en consecuencia.



La información hecha pública ha de distinguirse, también, de la denominada “erosión de bases imponibles” que consiste, como sabemos, en la transferencia de beneficios de un país a otro a través de operaciones digamos “abusivas” o “forzadas” y cuya única finalidad es la de beneficiarse de una fiscalidad menor; supuestos, muchos de ellos, de elusión que, no siendo legalmente reprobables, sí lo son moral y éticamente. Aunque pueden estar incluidos en la información hecha pública, su análisis recomienda cautela.



Y todo ello nada tiene que ver tampoco con el blanqueo de capitales y la corrupción que, dicho sea de paso, son la verdadera razón del justificado acoso a nivel internacional a los paraísos fiscales, razón a la que la crisis económica ha sumado la evasión y el fraude fiscal.



Se trata, en definitiva, de mucha documentación, de muchos años, de muy diferentes situaciones, con muy diferentes consecuencias, que aconseja cautela en su valoración y analizar muy bien su validez como prueba. Sea como fuere, un duro golpe a la ya muy deteriorada ejemplaridad pública y privada que aviva la dicotomía legalidad-moralidad y que aconseja una reflexión sobre la legitimidad moral de la más alta clase política y que explica la dificultad de luchar contra los paraísos fiscales noqueados en esta ocasión no precisamente por el G20.



Sin embargo, la reflexión que hay que hacer es otra. Es hoy una realidad que las rentas altas no pagan proporcionalmente más que el resto de rentas. Y no lo hacen porque se aprovechan de estructuras lícitas que la fiscalidad internacional permite además, porqué negarlo, de lagunas normativas. No me refiero a quienes defraudan, sino a quienes buscan legítimamente una tributación menor. Sin embargo, la consecuencia de ello es la de que los que verdaderamente soportan una presión fiscal asfixiante son las rentas del trabajo y aquellas otras que no tienen ninguna posibilidad legal de planificar internacionalmente su tributación; circunstancia que nos obliga a reflexionar sobre la justicia de nuestro sistema fiscal que, siendo progresivo, lo es tan solo para un tipo en concreto de rentas, desnaturalizándose así su finalidad redistributiva. La solución no es pues tan solo la lucha contra el fraude, sino  adaptar nuestra fiscalidad a una realidad económica internacional que nos ha llevado a sistemas más injustos en los que la imposición indirecta gana inexorablemente terreno a la directa y en los que la redistribución de la renta es ya una mera utopía. Se impone, pues, encontrar alternativas a un modelo fiscal agotado en el que su actual presión está beneficiando tan solo a las rentas más altas y perjudicando al resto de rentas. Se trata, en definitiva, de encontrar una alternativa que, permaneciendo inflexible contra el fraude, disuada a las rentas altas de buscar “vías” que reduzcan legalmente su tributación y no obligue a que el resto de rentas tengan que soportar injustamente la fiscalidad que todos hemos de soportar de acuerdo con nuestra capacidad económica. Es pues el momento de dejar la demagogia, aceptar la realidad y caminar hacia un sistema tributario con impuestos mucho más bajos que los actuales y con mecanismos de cofinanciación por la utilización de los servicios públicos. Ahí queda, con permiso de Panamá.





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