Modificación de la normativa del IVA en materia de subvenciones para financiar servicios públicos y otras modificaciones.

31/08/2017

El pasado 27 de julio el Congreso aprobó, mediante enmienda introducida en el Proyecto de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, introducir una modificación de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA).


 

Mediante esta modificación, entre otros aspectos, se regulan expresamente la calificación y tratamiento del IVA que deben recibir las subvenciones y/o aportaciones para financiar el déficit de explotación de determinados servicios públicos así como el fomento de la cultura.

 

Si bien su aprobación queda pendiente de su tramitación en el Senado antes de la posterior  entrada definitiva en vigor, dado que la aprobación en el Congreso ha contado con el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios, es de esperar que la reforma acabe aprobándose sin modificaciones en septiembre/octubre de este mismo año 2017.



Para poder entender el sentido de la Reforma analizaremos primero la problemática de fondo que ha motivado la misma para después analizar su contenido.


 

A. PROBLEMÁTICA DE FONDO QUE MOTIVA LA REFORMA:

  

Las aportaciones para cubrir el déficit de explotación (aportaciones o subvenciones) que las Administraciones Públicas realizan a entidades públicas o privadas que prestan servicios de interés general, ha sido un tema relativamente pacífico desde el año 2005, año en que se declaró contraria al Derecho Comunitario la normativa española que limitaba el derecho a deducción por la percepción de subvenciones (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión  Europea-TJUE- del 6 de octubre de 2005 – Asunto  C-204/03). Desde entonces, se había estado considerando que la percepción de este tipo de ayudas no tenía ninguna  incidencia en las  liquidaciones de este impuesto que presentan regularmente las sociedades o entidades beneficiarias.

 

No obstante, en los últimos años, la Administración Tributaria, ha estado iniciando actuaciones de inspección generalizadas a los mencionados perceptores de este tipo de aportaciones. En esencia, y de manera muy sintética, la AEAT viene a considerar que las entidades perceptoras de subvenciones/aportaciones al déficit de explotación deben ingresar cantidades en concepto de IVA, proporcionales al importe de la subvención recibida, al calificarse las mismas, como subvenciones vinculadas al precio o,  directamente como una contraprestación de los servicios prestados por la entidad prestadora del servicio público financiado con subvenciones y/o  aportaciones.

 

Según la información de la que disponemos, estas actuaciones, a día de hoy están afectando diferentes sectores, siendo los principales los siguientes:


 

  • Concesionarios de transporte público.


  • Entidades culturales (públicas y privadas) y concesionarios que gestionan servicios deportivos o centros cívicos en régimen de concesión, y que reciben aportaciones públicas para financiar su déficit de explotación.


  • Entidades que explotan televisiones públicas.


  • Entidades de investigación y desarrollo que realizan investigaciones (centros de investigación universitarios, etc.).


 

Es preciso destacar que en el caso de confirmarse este nuevo criterio de la AEAT, ello supondría un incremento muy elevado del coste de prestación de los servicios públicos, dado que la dotación a realizar debería incrementarse en la parte correspondiente al IVA.

 
 

B. REFORMA LEGISLATIVA APROBADA EN EL CONGRESO CON RESPECTO AL TRATAMIENTO DE ESTAS SUBVENCIONES

  

A consecuencia de la alarma generada en el Sector Público y en los operadores de servicios públicos que reciben este tipo de financiación respecto de este tipo de regularizaciones, el pasado 27 de julio de 2017 el Congreso aprobó, mediante una disposición adicional incorporada a la Ley de Contratos del Sector Público, una modificación de la Ley del IVA, mediante la cual se establece una nueva regulación en la calificación y tratamiento que deben recibir estas aportaciones en el citado impuesto.

 

En concreto, esta nueva regulación establece expresamente la no sujeción a IVA de las aportaciones, sea cual sea su denominación, que las Administraciones Públicas realicen para financiar la gestión de servicios públicos o de fomento a la cultura, siempre y cuando las mismas no generen situaciones de distorsión de la competencia. Esta inexistencia de distorsiones de la competencia vendrá dada teniendo en cuenta si el servicio subvencionado tiene o no competencia privada (como en el caso del transporte público), o bien cuando  existiendo esta competencia los servicios se presten a precio de mercado  (por ejemplo en el caso de determinados servicios culturales).

 

En concreto la nueva regulación establece lo siguiente:

 

 “No obstante, no se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación a que se refiere el apartado Uno del presente artículo, las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las Administraciones Públicas realicen para financiar:


 

 


  1. a) La gestión de servicios públicos o de fomento de la cultura en los que no exista una distorsión significativa de la competencia, sea cual sea su forma de gestión.

  2. b) Actividades de interés general cuando sus destinarios no sean identificables y no satisfagan contraprestación alguna.”

 

 


Por tanto, de acuerdo con esta nueva regulación es preciso concluir que se cubre normativamente la no tributación de las aportaciones para financiar el déficit de explotación de servicios públicos o de servicios de fomento a la cultura, siempre y cuando, su percepción no genere distorsiones significativas de la competencia.  Así mismo,  tampoco tendrán efecto en el IVA las aportaciones que financien actividades de interés general cuando sus destinatarios no sean identificables y no abonen ningún precio por el servicio.

 

Si bien su aprobación definitiva queda pendiente de su tramitación en el Senado y definitiva entrada en vigor,  entendemos que a raíz de la misma, la situación de esta problemática quedaría de la siguiente manera:

 


  • Aportaciones realizadas a partir de la entrada en vigor: Las aportaciones no tendrían efecto en el IVA por la aplicación expresa de la nueva normativa. Por tanto, es preciso prever que la Administración Tributaria dejará de realizar regularizaciones en relación a las aportaciones recibidas a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa (siempre y cuando se cumplan los requisitos comentados, fundamentalmente que se trate de la competencia como consecuencia de la no sujeción a IVA de las aportaciones).

 

  • Aportaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor: La nueva normativa no cubre expresamente el tratamiento del IVA de las aportaciones realizadas con anterioridad a su entrada en vigor. Por lo tanto, es preciso prever que la AEAT continuará con las actuaciones ya iniciadas y liquidando el IVA correspondiente a las mismas, lo cual seguramente obligará el intentar conseguir una resolución favorable mediante un procedimiento contencioso en sede judicial.

 

No obstante, entendemos que la entrada en vigor de la modificación, aunque no cubre expresamente las aportaciones previas, indirectamente aporta argumentos que refuerzan que su tratamiento debería ser igualmente el de su no sujeción a IVA, dado que estamos ante un impuesto armonizado a nivel europeo, y que, por tanto, los efectos de la reforma, que se limita a adecuar interpretativamente la norma interna, no deberían estar limitados en el tiempo.

  

C. OTRAS MODIFICACIONES

 

Adicionalmente, esta reforma contiene una nueva redacción del artículo 7.8 de la  LIVA, para ajustar determinados aspectos técnicos de su redacción y que sintetizando, podemos resumir en los siguientes:

 


  1. Se regula un nuevo supuesto de no sujeción respecto de los servicios prestados entre empresas de un mismo grupo público de empresas o entidades (excepto que la no sujeción pueda generar distorsiones de la competencia). Esta nueva regulación, por tanto, supondrá que, con carácter general, cualquier facturación por servicios entre empresas y entidades controladas por una misma Administración o Administraciones Públicas pasará a no estar sujeta a IVA, excepto que su no sujeción pueda generar distorsiones de la competencia.
  2.  
  3. Se regula un nuevo supuesto de no sujeción a IVA con respecto a las actividades prestadas por empresas públicas que cobren una tasa o contraprestación tributaria (excepto distorsiones de la competencia). Esta nueva regulación, por lo tanto, supondrá que con carácter general cualquier entidad integrada en el sector público que cobre una contraprestación tributaria por la prestación de servicios, aunque no tenga la consideración de Administración Pública, pasará a realizar servicios no sujetos a IVA, excepto que su no sujeción pueda generar distorsiones de la competencia.
  4.  
  5. Se modifica la regulación del supuesto de no sujeción a IVA en la prestación de servicios públicos de radio y televisión, modificando la regulación para fijar cuándo se considera que se realizan actividades empresariales generadoras de derecho a la deducción.

 
C. RECOMENDACIONES


Como conclusión, y sin perjuicio de que se trate de un primer análisis de la Reforma aprobada, entendemos que si bien esta nueva normativa resuelve parte de los problemas que el otorgamiento de estos tipos de subvenciones/aportaciones al déficit estaban generando, es preciso analizar muy detalladamente en cada caso su aplicación concreta. En particular, recomendamos hacer un análisis muy cuidadoso de los ejercicios afectados y de la naturaleza del servicio financiado para poder determinar el efecto que puede tener esta normativa en la financiación de este tipo de servicios.

 

Por otro lado, y con respecto a la nueva redacción del artículo 7.8, nuevamente debemos incidir en la recomendación de hacer un análisis pormenorizado de cada caso, ya que esta normativa puede tener, en determinados casos, consecuencias importantes para la gestión de servicios públicos mediante empresa pública (casos en que la empresa pública está autorizada por el cobro de contraprestaciones tributarias o bien, que implique facturaciones cruzadas entre empresas del mismo grupo de empresas públicas), razón por la cual recomendamos que una vez entre en vigor la normativa se realice un análisis detallado de los posibles efectos sobre el tratamiento del IVA  que puede tener la nueva regulación.

 

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