Lo público, riqueza, e impuestos

Escrito por Antonio Durán-Sindreu Buxadé | Fiscal

08/03/2021

“Si yo tuviera el poder político necesario para asegurar que el derecho a la salud se garantiza y eso implica hacer nacionalizaciones, no me temblaría el pulso”. Son palabras del vicepresidente segundo del Gobierno.

Hace ya un tiempo, afirmó que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.


Pues bien. Imagínense que nacionalizamos todo lo privado. De esta forma, se acaba el fraude, desaparecen los empresarios, y todos somos funcionarios, autopagándonos, eso sí, el sueldo con nuestros impuestos. Como el Estado es el propietario de todo, se pone fin a la desigualdad de todo tipo y a un largo etcétera. Sin embargo, en esa idílica Ítaca de “lo público” perdemos la libertad. El Estado decide por nosotros y nos garantiza nuestros derechos, a cambio de nuestra responsabilidad personal y libertad de elección. En este imaginario país, se desincentiva el emprendimiento, la recompensa por el esfuerzo, la asunción de riesgo y su correlativa creación de riqueza, desaparece la competitividad y muchas más cosas.


Si, ya lo sé. Esto no lo ha dicho el vicepresidente. Pero sí son, aunque muy exageradas y simplistas, algunas de las consecuencias de expandir lo público al máximo. Es cierto que las vías que se utilizan ahora para ello son más sibilinas. Se llaman redistribución de la riqueza y justicia social.

Pero reflexionemos. Público es, por ejemplo, garantizar el acceso a la sanidad, pero no su financiación universal ni su efectiva prestación por la Administración. Ambos son una decisión política. La Constitución nada dice al respecto. Decisión que tiene un coste que se financia con impuestos.


En este contexto, la obligación de cualquier Administración es adoptar la decisión que para el ciudadano sea más eficaz y eficiente, esto es, y entre otros, que tenga el menor coste sin menoscabo de la calidad.


Como todo en esta vida, ninguno de los extremos es bueno. Ni todo público, ni todo privado. La experiencia demuestra que el éxito está en un equilibrio entre ambos. En una colaboración “win-win”. Siempre he dicho, y lo reitero, que el coste de la ineficiencia pública es el beneficio del privado.


Por su parte, a mayor expansión de lo público, y según cual sea ésta, mayores impuestos.

Conviene recordar a Winston Churchill que decía que “una nación no puede aspirar a prosperar gracias a los impuestos”.


Volvamos a nuestra Ítaca. Para que los números cuadren, el Estado no puede renunciar al beneficio de las empresas expropiadas, porque es con ese beneficio, o parte, además de con los impuestos que por nuestro trabajo y consumo continuaremos pagando, con los que hay que financiar “lo público” y la generación de nueva riqueza, ya que, de no hacerlo, el país y sus ciudadanos se empobrecen. De ser así, resulta que el beneficio de las empresas es necesario para financiar el “pastel” y el crecimiento del país. El problema, pues, no son los beneficio. Estos son necesarios para financiar el desarrollo del país y, claro está, para financiar “lo público”. Si todo fuera público, no se podría por tanto renunciar a ellos.


En consecuencia, el problema no son pues los “malvados” empresarios. Al contrario. Son la solución. Estos, con sus empresas, contribuyen al desarrollo del país y a la creación de empleo y de riqueza, además de contribuir también al de la innovación y la investigación. No en vano, la mayoría de “inventos” que nos han hecho prosperar, provienen del sector privado.


El problema, por tanto, no es ser rico o ganar dinero. El problema es conseguirlo en base a privilegios “encubiertos”, normas fiscales incluidas, y a un mercado con déficits de competencia e igualdad de oportunidades. El problema es ser rico a base del fraude, de prácticas fraudulentas, o del incumplimiento de la ley.


La solución no es pues penalizar a quien más gana, sino combatir tales situaciones. Es dignificar la riqueza y no estigmatizarla. La riqueza fruto del trabajo, la asunción de riesgo, la competitividad, la igualdad de oportunidades, y el cumplimiento de la ley. Estigmatizar la envidia por la riqueza y su presunción de fraudulenta. Conseguirlo requiere apoyar al empresario; fomentar la libertad, responsabilidad y desarrollo personal. La iniciativa privada. Un marco social y económico de confianza. Alentar la riqueza productiva, y desincentivar la improductiva y la que fomenta la vagancia, vivir de rentas, y la falta de esfuerzo.


La solución a lo público es la defensa de lo privado; de la riqueza productiva. Y a mayor riqueza, menos impuestos.






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