La responsabilidad de la cooperativa por la conducta anticompetitiva de sus socios

Escrito por Laura Villanova | Mercantil

01/07/2019

El objetivo principal de este blog es esclarecer la responsabilidad que se deriva a las sociedades cooperativas por las conductas anticompetitivas realizadas por sus socios en el marco de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, la “LDC”).


Hasta la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3º) de fecha de 19 de junio de 2018 no existía jurisprudencia que hubiera estudiado específicamente la imputación de conductas anticompetitivas (en el caso analizado, se trata de un boicot a una empresa naviera en concreto), cuando la empresa sancionada es una cooperativa.


El Alto Tribunal examina la singularidad de la derivación de responsabilidad respecto de unos actos ilícitos que no fueron desarrollados directamente por la cooperativa (es decir, no ejecutado por su órgano de administración o dirección) sino por sus socios cooperativistas a título particular, siendo el objeto de debate casacional determinar si cabe atribuir efectos exculpatorios a la sociedad cooperativa cuando esté acreditado que son los socios quienes, a título personal, han participado activamente en la conducta anticompetitiva imputada.


Antes de continuar con la exposición de los argumentos jurídicos cabe hacer un breve resumen de los hechos analizados:


  • La mayoría de miembros de la cooperativa de transportes inculpada (en adelante, la “Cooperativa”) estaban afiliados a una Asociación Sindical de Transportistas Autónomos (en adelante, “Asociación Sindical”). Esta organización anunció la decisión de sus miembros de no prestar servicios de manera indefinida a una determinada entidad naviera aunque, posteriormente, hizo pública la intención de dejar sin efecto tal acuerdo.

  • Con posterioridad a la revocación de la convocatoria por la Asociación Sindical, la empresa naviera solicitó a la Cooperativa la carga y descarga de unos buques, advirtiéndole, esta última, de la práctica imposibilidad de prestarle el servicio. Ello fue así, pues los socios de la Cooperativa interrumpieron efectivamente la estiba y desestiba a la naviera boicoteada, sin que el resto de navieras a las que la Cooperativa prestó servicios ese mismo día sufrieran incidente alguno.

  • Cuando la entidad boicoteada volvió a solicitar días después la prestación de nuevos servicios, la Cooperativa adujo problemas de averías realizando parcialmente el servicio pactado. Sin embargo, igual que había sucedido en la anterior ocasión, el resto de clientes de la Cooperativa no sufrió ningún tipo de incidencia.

  • Cabe recalcar que la Cooperativa no buscó alternativas para cumplir con sus compromisos contractuales (por ejemplo, ofrecer servicios alternativos). Hecho que califica el juzgado ad quem, como una actuación directamente imputable a la Cooperativa.


A este respecto, el Tribunal Supremo constató que:


  1. En primer lugar, el acto anticompetitivo fue efectivamente seguido por los socios de la Cooperativa. Según el Alto Tribunal es baladí que el seguimiento del boicot no se debería a su condición de socios cooperativistas sino por su afiliación a la Asociación Sindical. Lo relevante es que los socios no prestaron los servicios a los que se habían comprometido la Cooperativa, lo que considera como una participación de hecho de ésta en el boicot.
  2. En segundo lugar, la Cooperativa era plenamente consciente de la probable conducta de sus socios puesto que advirtió por correo electrónico de las dificultades de proporcionar el servicio y, pese a ello, no adoptó ningún tipo de medida (buscar terceros que pudieran realizar los servicios o no intervenir directamente sobre sus miembros para impedir tal conducta), lo que no la exime de responsabilidad.


El Tribunal estableció que “una sociedad cooperativa está integrada por sus miembros cooperativistas y una actuación de éstos que esté asociada a su condición de miembros de la misma es una de las posibles conductas imputables a la Cooperativa (como por ejemplo también, las decisiones de sus órganos gestores)”. En caso contrario podría utilizarse esta figura jurídica para eludir este tipo de obligaciones.


Por ende, cabrá hablar de responsabilidad anticompetitiva de la Cooperativa por la conducta de sus miembros cuando se trate de un comportamiento que no quepa calificar de marginal o irrelevante como, por ejemplo, la actividad individual de un número poco significativo de socios.


En esta línea, para que una cooperativa pueda rechazar cualquier responsabilidad anticompetitiva por la conducta de los socios será indispensable que la propia entidad se haya distanciado de manera indubitada de dicha conducta y haya tratado de evitarla de manera eficaz.


Esto comportó que, en el caso aquí analizado, en que la Cooperativa no se distanció públicamente de la actitud de sus socios y no buscó alternativas eficaces para evitar el boicot a la empresa naviera, se calificara su omisión como una “práctica concertada de boicot” que produjo el efecto de “impedir, restringir o falsear la competencia”, lo que comporta una infracción del artículo 1.1 de la LDC.


Por todo lo anterior, deberá tenerse en consideración para futuras imputaciones de responsabilidad en materia de defensa de la competencia respecto de sociedades bajo la forma jurídica de la cooperativa los siguientes aspectos: (i) la extensión de la responsabilidad de los socios por conductas anticompetitivas a la propia cooperativa; (ii) la omisión, por parte de la cooperativa, de utilizar los medios necesarios para evitar tales conductas; y, finalmente, (iii) la conducta sea llevada a cabo por un número significativo de sus socios.



Laura Villanova

Escrito por:
Laura Villanova




< Volver a Noticias

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información estadística sobre tus hábitos de navegación y poder así mejorar y personalizar tu experiencia ofreciéndote contenidos de tu interés. Si sigues navegando, consideramos que aceptas su instalación y uso. Puedes obtener más información en la política de cookiesX