La nueva figura de la persona consumidora vulnerable

26/01/2021


Recientemente ha sido publicado el Real Decreto-ley 1/2021, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, el cual introduce modificaciones en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.


La crisis del COVID-19 ha tenido graves repercusiones en el ámbito de las relaciones de consumo y, como consecuencia de ello, se ha propiciado la necesidad de agilizar la tutela efectiva de los derechos de las personas consumidoras.


En este sentido, la modificación esencial que introduce este Real Decreto afecta al concepto general de consumidor y usuario, introduciendo por primera vez en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable., entendida como tal, aquellas personas físicas consumidoras que respecto de relaciones concretas de consumo, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad.


Por lo tanto, el nuevo redactado protege a las personas que, en determinadas relaciones de consumo y teniendo en cuenta diversos factores, se encuentran en una situación de desprotección.


La noción de vulnerabilidad no solo se tendrán en cuenta factores económicos, como hasta ahora, sino que también las circunstancias sociales o personales que pueden tener incidencia en generar una situación de indefensión, como puede ser, por ejemplo, la edad, el sexo, minorías étnicas o lingüísticas, las víctimas de violencia de género, las familias monoparentales, las personas desempleadas, las personas con algún tipo de discapacidad, la población migrante o en riesgo de exclusión, entre otros.


Como consecuencia de ello, se ha procedido a la modificación de otros artículos que refuerzan la especial atención que debe recaer sobre los derechos de estas personas consumidoras. En particular, se les exigirá una mayor regulación a aquellos sectores que tengan una mayor proporción de personas consumidoras vulnerables entre sus clientes o usuarios atendiendo a su complejidad y circunstancias personales, económicas, educativas o sociales que les impiden ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Por este motivo, se prevé el desarrollo de normas legales o reglamentarias que protejan en una mayor medida al consumidor vulnerable respecto ciertas prácticas comerciales en determinados sectores, como es el financiero, el inmobiliario, el energético, y el de las telecomunicaciones.


Otro de los puntos destacables es el derecho a la información, se protege el derecho de los consumidores vulnerables a recibir una información adecuada, clara, comprensible, veraz, suficiente y facilitada en un formato fácilmente accesible de forma previa a la celebración de un contrato, garantizando, asimismo, la asistencia necesaria al consumidor para la correcta toma de decisiones en relación con bienes y servicios ofertados.


En definitiva, la pretensión del texto legal es reforzar la protección de las personas consumidoras definidas como vulnerables dentro del ámbito de las relaciones entre consumidores o usuarios y empresarios, para así remover las circunstancias de vulnerabilidad, indefensión, subordinación o desprotección que se han visto agravadas como consecuencia de la situación actual.






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