Inseguridad tributaria

Escrito por Antonio Durán-Sindreu Buxadé | Fiscal

08/01/2019

Después del auge populista que la sentencia sobre las hipotecas suscitó, nadie se acuerda ya de la urgente necesidad de garantizar la tan airada seguridad jurídica. Como muchos dijimos, esta no importa. Lo relevante son las populares y abstractas proclamas a los derechos, a la justicia social, y a la lucha contra los poderosos. Pero la verdad es que nadie pone el hilo a la aguja; no hay pues que extrañarse que todo siga, no igual, sino peor. Veamos si no unos pocos ejemplos de la preocupante inseguridad jurídica que se esconde tras la oscuridad de lo que no es mediático.


Hace algún tiempo, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (en adelante, AEAT), inició actuaciones de inspección con relación al sector cultural que dieron como resultado la regularización por IVA de las subvenciones públicas otorgadas por diferentes Administraciones en favor de entes públicos y privados con la finalidad de fomentar la cultura, regularización que ha representado importantes actas al entender que tales subvenciones son la contraprestación de los servicios que dichas entidades prestan a quienes les han otorgado la subvención. La situación, que ha llevado a algunos centros a una situación económica y financiera límite, está hoy pendiente de resolución judicial o administrativa.


Se dirá, y es cierto, que en noviembre de 2017 entró en vigor una modificación legislativa que intentaba poner fin a tales situaciones. Y es verdad. Pero el daño ya estaba hecho.


Lo mismo ocurre con el transporte público. En ese caso, la AEAT interpreta que las transferencias que las Administraciones realizan a sus concesionarios con la finalidad de cubrir el déficit de explotación en la prestación pública del servicio son, también, la contraprestación al servicio que los concesionarios prestan a aquellas; criterio, por cierto, que sustituyó al anterior de considerar que se trata de subvenciones vinculadas al precio. En juego está, entre otros, un mayor déficit público de años anteriores y la necesidad de mayores recursos públicos para atender en su caso el pago del IVA. El tema está también judicializado.


A las Televisiones Públicas también les ha tocado el “gordo”; pero en este caso, bien “gordo”, porque las resoluciones que en poco tiempo se han dictado han sido contradictorias y dispares, circunstancia a la que se ha unido la cuestión prejudicial que el Tribunal Económico Administrativo acaba de plantear al Tribunal Europeo con la consiguiente suspensión de los procedimientos afectados. El tema, como todos, afecta a ejercicios presupuestariamente cerrados, ocasiona graves dificultades de tesorería, provoca la rescisión de contratos, y genera inseguridad. Nos referimos, una vez más, al IVA vinculado a las trasferencias públicas para financiar el servicio de radio y televisión.


A este importante caos, hay que sumarle el de los centros de investigación y desarrollo, a los que se les cuestiona la naturaleza de actividad económica respecto a la investigación básica y la tributación en el IVA de las subvenciones recibidas. En este caso lo que está en juego, entre otras, es la política pública de fomento a la investigación.


Y no estoy culpando a la AEAT. No; que quede claro. No. Culpo, eso sí, y en mayúsculas, al legislador y a la clase política, porque es la defectuosa técnica legislativa, repleta de conceptos jurídicos indeterminados, la que está propiciando una alarmante conflictividad tributaria de cifras espectaculares con importantes efectos: parálisis en políticas y decisiones. Culpo a esa interpretación de determinadas sentencias que no siempre es única; a ese empeño por la conflictividad en lugar de apostar por el diálogo; a la falta de empatía; a la inacción.


Pero lo verdaderamente preocupante es la irresponsable inactividad del legislador que, como si nada ocurriera, observa la evolución positiva en la ejecución presupuestaria de sus objetivos tributarios ignorando su nocivo efecto en las políticas públicas y la angustiosa inseguridad en la que centros culturales, televisiones, empresas de transporte y centros de investigación están inmersos; irresponsabilidad hasta el extremo de parecer no preocuparle que los esfuerzos de la AEAT no se pueden distraer en actuaciones que no son constitutivas de fraude ni de elusión, ni en actuaciones que además no producen en términos “macro” perjuicio económico alguno para la Administración. Pero hay que cumplir objetivos. ¿Cuáles? La recaudación. Lo malo es que estos son tan solo algunos ejemplos de una larga lista.


La pelota es tan grande que su solución no es políticamente fácil porque significa reconocer que créditos que están reconocidos como cobrables, pueden no llegar a materializarse; significa admitir que los criterios aplicados pueden no ser tan claros como parece. Y claro, hay que buscar excusas a esa injustificable inacción; justificación que es ahora la cuestión prejudicial a la que antes aludíamos y que aconseja que mejor “no menearlo” hasta que Europa se pronuncie. Fácil, ¿no? ¿Y en el ínterin? ¿Qué criterio se aplica? ¿Cómo hay que diseñar los presupuestos? ¿Qué seguridad jurídica existe? Esto es lo que en pocas palabras ocurrió hace unos días en el Congreso de los Diputados en el que por mayoría se rechazó una enmienda que pretendía poner fin a este caos; enmienda cuya importancia no era su contenido, sino lo que pretendía: seguridad jurídica. La verdad no es absoluta; admite matices. Pero la seguridad jurídica no permite retrasos; exige decisiones. La inseguridad, no lo olvidemos, paraliza a las empresas y mengua la capacidad de crear riqueza. Exijamos pues su inmediata reparación.


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