Inclusión del derecho de arrastre en los estatutos sociales ¿Mayoría reforzada o unanimidad?

Escrito por | Mercantil

01/03/2018

En la práctica societaria es habitual encontrarse con las denominadas cláusulas de arrastre -también conocidas, por ser esta su terminología anglosajona, como “drag-along”- disposiciones que, pese a no hallarse expresamente reguladas en nuestro ordenamiento jurídico, no han pasado inadvertidas para la doctrina.


Las cláusulas “drag-along” confieren a los socios un derecho de “arrastrar” a los demás socios a la venta de participaciones sociales o acciones, es decir, de exigirles que transmitan sus participaciones o acciones ante determinadas circunstancias. Conceptualmente, se configura como un mecanismo de protección de los socios mayoritarios, empleándose en sede societaria para facilitar la adquisición por un tercero de una cantidad significativa de participaciones y evitar así conductas obstruccionistas de socios minoritarios que puedan hacer inviables transmisiones de empresas eficientes.


La inclusión de dicho mecanismo en los Estatutos Sociales –cuya incorporación en los pactos de socios es frecuente- viene admitiéndose desde hace ya algún tiempo al amparo del artículo 188.3 del Reglamento del Registro Mercantil, que incorpora la posibilidad de inscribir “cláusulas estatutarias que impongan la obligación al socio de transmitir sus participaciones a terceras personas cuando concurran circunstancias expresadas de forma clara y precisa en los estatutos sociales”.



Sobre este particular se pronuncia la Dirección General de los Registros y del Notariado, mediante su reciente resolución del pasado 4 de diciembre, que resuelve desestimar el recurso interpuesto frente a la calificación negativa de la Registradora de Barcelona respecto de una cláusula estatutaria de arrastre incorporada en los Estatutos Sociales de una Sociedad Limitada, sin que ello hubiera sido adoptado mediante acuerdo unánime de los socios. En la resolución de referencia, la Dirección General de los Registros y del Notariado no se cuestiona la licitud de la cláusula de arrastre -como ya hemos apuntado, esta es indudable-, sino el procedimiento de incorporación de dicha cláusula a los Estatutos Sociales, asentando la necesidad de contar con el consentimiento individual de todos los socios para incorporar una cláusula de arrastre en los Estatutos Sociales de la sociedad, considerando así la incorporación de disposiciones de este cariz como una imposición de obligaciones a los socios (artículo 291 de la Ley de Sociedades de Capital). Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con la citada resolución, no debe entenderse que dicho consentimiento deba ser expresado de forma unánime en la Junta General, siendo suficiente que dicho acuerdo se adopte por mayoría en la Junta y sea posteriormente consentido individualmente por los restantes socios (artículo 207.2 del Reglamento del Registro Mercantil).



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