¿Improvisación fiscal o proyecto de futuro?

Escrito por Antonio Durán-Sindreu Buxadé | Fiscal

11/05/2018

Cuando existe un problema, reconocerlo es fundamental. Lo digo porque estoy convencido de que España tiene un problema que no reconoce y que no es otro que la falta de un proyecto económico y social que permita afrontar con garantías los retos que el futuro nos depara; proyecto cuya ausencia entraña un riesgo: la improvisación. A este déficit estratégico hay que unir la delicada situación económica de España que, de tratarse de una empresa privada, estaría en situación concursal; situación especialmente preocupante en la medida en que quienes verdaderamente soportan el coste del Estado y de las distintas Administraciones son las clases medias y trabajadoras, autónomos y PYMES incluidas, que sobreviven asfixiadas a impuestos sin saber realmente lo que pagan, cómo estos se gastan e invierten, y cuál es su retorno social y económico; clases medias que sobreviven empobrecidas tras la crisis sin percibir en su bolsillo la recuperación económica y con una importante dosis de ansiedad ante el incierto futuro que se les presenta. Un claro ejemplo de esa improvisación son las pensiones. Tras las masivas manifestaciones, el Gobierno ha incluido en los Presupuestos unas medidas que pretenden acallar las voces de los pensionistas sin afrontar, sin embargo, el verdadero problema de fondo: el sostenimiento futuro del sistema de pensiones; medidas que han obligado, también, a proponer la aprobación inmediata de un impuesto a las tecnológicas cuyo destino es también, y entre otros, reponer la deteriorada caja de la Seguridad Social. Pero sigamos. Se ajusta la retribución de los funcionarios pretendiendo que las empresas prediquen con el ejemplo sin ofrecerles a cambio un proyecto de crecimiento, profesionalización, eficiencia, innovación, I+D, formación, crecimiento de empleo, seguridad jurídica, confianza y un largo etcétera. Lo cierto es que nadie, o muy pocos, se atreven a decir y a repetir que incumpliremos el objetivo de deuda que la Constitución impone; o que, en este contexto, el Estado del Bienestar es difícilmente sostenible, que se ha roto el necesario compromiso intergeneracional, o que las clases medias soportan una carga fiscal excesiva que hay que corregir. La solución, como siempre, es la lucha contra el fraude recordándonos, también, que la presión fiscal en España está por debajo de la media en Europa pero sin decirnos cómo esta se reparte entre los contribuyentes, esto es, cuál es su esfuerzo fiscal per cápita y cómo se distribuye entre los diferentes niveles de renta. A pesar de esta negativa visión personal, hay que afirmar que España tiene solución. ¿Cuál? Superar los egos y los populismos y construir juntos un proyecto de futuro en el que, como en la transición democrática o en los olvidados Pactos de la Moncloa, todos seamos parte y con el que todos nos sintamos comprometidos.


Y sí; también es necesaria una reforma fiscal. Nuestro actual sistema fiscal, como el de la mayoría de los países de Europa y de nuestro entorno mundial, es un sistema anticuado y caduco concebido para economías cerradas y no para una economía, como la presente, abierta y globalizada, en un mundo digital en el que, para las empresas, la ubicación geográfica es lo menos importante. Pero antes, o en paralelo, hay que afrontar, entre otras, tres reformas importantísimas. La primera, la educativa, con la convicción de que lo esencial hoy es el desarrollo de la persona como tal. Desarrollar el capital humano, sus virtudes y actitudes, su talento y sus valores son hoy esenciales para afrontar con garantías el futuro; reforma que ha de incluir todos los niveles educativos sin olvidar la imperiosa necesidad de revitalizar y prestigiar la formación profesional y la imprescindible colaboración del mundo empresarial. La segunda, la reforma de nuestras Administraciones públicas, que han de estar al servicio de las personas como centro de la acción política. Nuestra actual Administración es, salvo excepciones, ineficiente, distante, antipática y burócrata. Y la tercera, una revisión en profundidad del gasto público y de la política de inversiones. Es imprescindible la gestión del gasto con criterios de eficiencia y la revisión de la infinidad de duplicidades Estado-Comunidades Autónomas, sin olvidar la de la eficacia de las políticas de gasto y de inversión. Yo, al menos, desconozco si la importante cifra de incentivos y beneficios fiscales tiene un retorno para la sociedad y en qué se concreta. Desconozco, por ejemplo, si los incentivos fiscales al arrendamiento de determinadas viviendas habituales están dando los resultados esperados. En definitiva; hay que suprimir lo innecesario, lo superfluo, lo ineficiente y lo ineficaz. Pero también hay que priorizar. Nada es gratis ni todo es posible. Es pues necesario fijar también un límite y una prioridad a nuestras pretensiones.


Pero tales reformas no son las únicas. Un proyecto de futuro, o mejor, un modelo concreto de sociedad es un proyecto transversal que afecta a ámbitos muy distintos pero interrelacionados entre sí, en el que la fiscalidad es el instrumento imprescindible para sufragar sus costes y el reflejo de ese modelo de sociedad previamente definido; fiscalidad que el ciudadano ha de percibir como justa y con la que ha de estar y sentirse comprometido. Es pues necesario abandonar ya la senda de la improvisación e iniciar la de construir conjuntamente un proyecto de futuro sólido y sostenible.



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