Hacia un nuevo proyecto fiscal y social

Escrito por Antonio Durán-Sindreu Buxadé | Fiscal

17/04/2018


Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son, sin duda, la principal herramienta del gobierno de un país. No voy pues a negar su importancia. Coincido, también, con algunas de las bondades que los PGE de 2018 incluyen, aunque discrepo de su verdadera razón de ser. Me refiero, en concreto, a las medidas relacionadas con las pensiones. No tengo ninguna duda de que, sin movilizaciones, los PGE no incluirían ninguna medida para paliar su pérdida de poder adquisitivo. La sensación, pues, es de cierta improvisación interesada y no, como muchos dicen, de sensibilidad social. Curioso es también que el País Vasco sea, en 2018, una de las CCAA con mayor inversión absoluta. ¿Es esta una necesidad presupuestaria real en la distribución territorial de las inversiones o es, por el contrario, una necesidad política para conseguir los apoyos parlamentarios necesarios? Coincido, también, con el necesario y justo “gesto” que se tiene especialmente con las rentas bajas que, junto con las clases medias, son las que más han sufrido los terribles efectos de la crisis económica. Cosa distinta es que nos lo podamos permitir sin medidas complementarias. Pero no puedo coincidir en el hecho de que los PGE sean la solución a nuestros problemas. Precisamente por ello, no voy a entrar en el análisis de los mismos, sino a justificar la imperiosa necesidad de una reflexión tan urgente, o más, que la de los propios Presupuestos.


La Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria (LEP) establece que en 2020 se ha de cumplir, entre otros límites, que el volumen de la deuda pública del conjunto de las Administraciones no supere el 60 % del PIB expresado en términos nominales, o el que se establezca por la normativa europea; límite, recordémoslo, que se distribuye en el 44 % para la Administración central, el 13 % para el conjunto de las CCAA, y el 3 % para el conjunto de las Corporaciones Locales.


Como ya sabemos, el importe de la deuda pública en los PGE continúa manteniéndose cercano al 100 % del PIB. Como ya ha reconocido alguna autoridad nacional, esto quiere decir que difícilmente se va a cumplir el objetivo presupuestario legalmente impuesto incumpliéndose, pues, el mandato del artículo 135 de la Constitución.


Hay que recordar también que desde hace años nos financiamos a través de déficit público, esto es, y para entendernos, que los gastos son superiores a los ingresos, con el consiguiente deterioro financiero que ello supone.


Así mismo, no parece tenerse muy en cuenta el principio de sostenibilidad financiera ni el de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, principio, este último, que significa que la gestión de los mismos ha de estar orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público. Creo, sinceramente, que en esta senda hay todavía mucho camino que recorrer.


La situación presupuestaria es pues cuanto menos preocupante; tanto, como para explicar a los ciudadanos la realidad, las previsibles consecuencias futuras para sus bolsillos, cómo va a ser posible sostener el actual Estado del Bienestar, y que la recuperación económica no va ser suficiente para cubrir los actuales niveles de deuda ni para hacer frente a las seguras turbulencias que nos esperan: sostenibilidad de las pensiones, envejecimiento de la población, paro juvenil y estructural, baja tasa de natalidad, avance tecnológico, aparición de los robots, profesionalización de las PYMES, y un larguísimo etcétera, incluida su financiación.


La necesidad de mayores ingresos públicos es obvia así como la necesidad de optar cada vez más por políticas selectivas de gasto frente a políticas universales. Es también imprescindible mejorar la eficiencia en la gestión del gasto, priorizar las políticas de gasto e inversión y ser valiente con la inevitable cofinanciación de los servicios públicos en función del nivel de renta. Pero si algo es urgente, es diseñar un claro, concreto y sostenible proyecto de futuro que responda a esas turbulencias que vamos a sufrir. El problema de las pensiones no es un problema de pérdida de poder adquisitivo, que también, sino, y fundamentalmente, de sostenibilidad en el futuro. Si la población vive más tiempo y la natalidad cae, es obvio que tenemos un problema. Por otra parte, si la amenaza de la robotización se convierte en realidad, lo que parece inevitable, hay que empezar a preparar ya el terreno para minimizar sus efectos. La creación de riqueza es así mismo imprescindible; hay pues que profesionalizar e internacionalizar las PYMES y fomentar de verdad y con valentía la emprenduría. Sin riqueza no es posible crear empleo ni es sostenible ningún modelo de sociedad. Así mismo, el contexto internacional obliga a replantearnos la fiscalidad que no puede continuar asfixiando a las clases medias que, digámoslo claro, si fueran realmente conscientes de lo que de verdad pagan, las calles serían insuficientes para albergar tantas movilizaciones.


En este contexto, es necesario tener la valentía de reconocer esa realidad, las serias dudas sobre la sostenibilidad del actual Estado de Bienestar, y la importante hipoteca intergeneracional que estamos dejando a nuestros sucesores. Desde esta perspectiva, los PGE son insuficientes ya que lo que verdaderamente necesitamos es anticiparnos al futuro y ser capaces de conseguir un amplio consenso sobre cómo afrontarlo y acometer todas las reformas que sean necesarias, incluida la reforma integral de un sistema tributario ineficiente e injusto que dé respuesta a ese renovado y necesario proyecto económico y social.




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