Fiscalidad social y responsable

Escrito por Antonio Durán-Sindreu Buxadé | Fiscal

04/09/2019

Soy de la opinión de que nuestro sistema fiscal requiere de un profundo replanteamiento. Sin embargo, no me parece que seamos conscientes de que lo primero que hay que hacer es afrontar la revisión del gasto. Sin este, los impuestos carecen de sentido. Un sistema fiscal justo requiere, como premisa, un Estado eficiente y eficaz.

Los recientes informes publicados por la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) han puesto de manifiesto importantes ineficiencias en diferentes ámbitos que inciden en el monto del gasto público.

Pero tengo la impresión de que muy pocos están dispuestos a abrir este melón que requiere, también, abordar la necesaria reforma del sector público empezando por revisar sus privilegios con relación al privado.

La verdad es que el verdadero problema es que nadie responde legalmente de una inadecuada gestión de lo público, cosa, por cierto, inaudita en el sector privado.

A lo anterior hay que añadir la falta de estudios que valoren la eficacia de los incentivos, exenciones, bonificaciones, reducciones y privilegios fiscales en general, incluidas las muchas y muy variadas subvenciones y prestaciones públicas; circunstancia a la que hay que añadir la falta de verdaderos órganos independientes de control, y la influencia que en las decisiones políticas tienen quienes concentran un excesivo poder económico en contra de la libre competencia que, recordémoslo, exige evitar ese excesivo poder de “unos pocos”; poder al que hay que añadir el que tienen los “propietarios” de España, esto es, quienes ostentan el control de nuestra desproporcionada deuda pública y que limitan, sin duda, la verdadera libertad política y económica.

En este contexto, la cultura del individualismo, del materialismo, y de la rentabilidad a corto plazo o, mejor, de la pura y dura especulación, avivada, por cierto, por las stock options de los grandes ejecutivos, ha contribuido a una deshumanización de la economía anteponiendo el interés individual al general desnaturalizándose así la esencia del Estado del Bienestar como Estado que promueve el desarrollo de la persona y cuyas raíces se asientan en el esfuerzo colectivo y continuado; en la economía en su dimensión social. En lugar de un Estado que promueva ese desarrollo, hemos creado otro que ha de asegurarnos y subvencionarnos todo olvidando el principio de subsidiaridad que significa que el primer responsable del libre desarrollo de uno mismo es la propia persona y no el Estado. Hemos pues invertido los términos, con lo que esto significa en gasto público.

En definitiva, la realidad es la que es: un gasto público que es imprescindible revisar, un gasto “político” o clientelar no menos importante, una falta de valoración de la eficacia de las políticas públicas, y una clara tendencia a aumentar el peso de un Estado del Bienestar mal entendido.

Y aunque la principal solución es invertir en una acertada política educativa, lo cierto es que hay que empezar a tomar medidas a corto plazo que permitan reconducir el camino hacia una economía social de mercado, esto es, aquella cuyos ejes básicos son la libertad, el libre desarrollo de la persona, la responsabilidad individual, la libre competencia, la subsidiariedad del Estado, y un Estado eficiente y sólido en lo social.

Llegados a este punto, hay que preguntarse si la fiscalidad puede promover el compromiso y la responsabilidad social del ciudadano. Y la respuesta es afirmativa si, desde la libertad, y no la imposición, se promueve una fiscalidad que discrimine positivamente al ciudadano socialmente responsable.

Pero sin ejemplaridad pública es imposible que la fiscalidad se perciba como justa. Es por tanto necesario acometer la nada fácil tarea de reducir el gasto público, racionalizándolo, sin reducir el ámbito de protección y calidad del Estado del Bienestar; premisa que es en nuestra opinión condición sine qua non: comprometerse a no reformar la fiscalidad sin revisar previamente el gasto con criterios de austeridad, eficiencia y eficacia y sin recortar, insistimos, el ámbito de protección y calidad del Estado del Bienestar. En definitiva, trasparencia, ejemplaridad, compromiso y responsabilidad, o, mejor, un Estado eficiente.

Pero con ello no basta. Hay que acometer también la reforma de la Administración Pública con criterios de meritocracia, profesionalidad, transparencia y eficiencia.

Eliminada la “grasa” y afinada la maquinaria, entra en juego la fiscalidad. Y en este sentido, por qué no incentivar fiscalmente a quienes son socialmente responsables, eso es, a quienes a igual trabajo retribuyen por igual sin perjuicio de que su perceptor sea de uno u otro sexo, a quienes apliquen políticas de igualdad de género entre sus trabajadores, a quienes contribuyan a reducir la brecha salarial mediante el establecimiento de topes máximos salariales, a quienes contribuyan al medioambiente, a quienes colaboren en erradicar la precariedad laboral, etc.

Se trata de premiar a quienes desde la libertad y el compromiso contribuyen a una sociedad más justa; a reducir las desigualdades; a promover una vida digna. En esta misma línea, hay que estudiar también incentivos por contribuir a todo tipo de políticas sociales, por ejemplo, a la promoción de la cultura o al alquiler social, premiando el establecimiento de precios sociales por parte de los operadores privados, o la fijación por los particulares de precios sociales de alquiler.

Se trata, en definitiva, de regular un estatuto fiscal del contribuyente socialmente responsable que discrimine positivamente a quienes se comprometan socialmente y que disuada y motive a quienes no lo hagan. Pero desde la libertad; no desde la imposición. Y se trata, también, de promover políticas predistributivas.

Lo mismo cabe decir con relación a la necesidad de implantar un tributo que grave la riqueza improductiva e incentive la productiva. Y lo mismo de una ley de mecenazgo que, más allá de los populismos y la demagogia, apueste decididamente por el retorno a la sociedad de la riqueza privada.

Se trata, en definitiva, de replantear la fiscalidad discriminando positivamente al contribuyente socialmente responsable.






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