Federalismo fiscal

Escrito por Antonio Durán-Sindreu Buxadé | Fiscal

05/09/2018

La reforma de la financiación autonómica llama a la puerta. Y si en algo existe unanimidad, es en los graves déficits que tiene el sistema vigente y en la necesidad de encontrar uno nuevo que satisfaga a todas las CCAA sin incurrir en ningún tipo de privilegio. En este contexto, lo primero que hay que tener claro es el porqué de un sistema de financiación autonómica. España, nos guste o no, es un Estado de corte federal; la sola existencia de las CCAA es el mejor ejemplo de ello. Eso quiere decir que estas asumen determinadas competencias “autonómicas” cuyo coste se ha de financiar. Desde esta perspectiva, no hay mejor corresponsabilidad fiscal que aquella que vincula las políticas de gasto a las políticas de ingreso. Las meras transferencias desdibujan la importancia que la financiación de tales políticas tiene y son un recurso fácil al victimismo autonómico con la mirada puesta en “Madrid”, además de liberar a los responsables autonómicos de tener que justificar ante los ciudadanos la presión fiscal de una u otra CCAA. El problema, en definitiva, es siempre Madrid.


Pues bien; es tal vez el momento de liberarse de esa ficción y dejar que cada palo aguante su vela. Ocurre, sin embargo, que no todas las CCAA pueden generar los recursos necesarios para financiar sus propias políticas, ni todas las CCAA asumen un mismo nivel de autogobierno. Es pues necesario distinguir entre aquellas que son capaces de generar tales recursos, de aquellas otras que no lo son. Es pues necesario objetivizar los requisitos que las CCAA que deseen asumir un cierto nivel de autonomía fiscal han de cumplir; requisitos que podrían ser los tres siguientes: tener una renta per cápita superior a la media de España, aportar en concepto de contribución a la solidaridad un porcentaje superior que con relación al PIB se determine, y asumir el más amplio nivel de competencias autonómicas que la Constitución permite. Eso quiere decir que aquellas CCAA que son solidarias, que generan y aportan riqueza al país, y que tienen una clara voluntad de autogobierno, podrían acceder a un determinado nivel de autonomía fiscal. Es, en definitiva, un estímulo a la creación de riqueza y a la solidaridad. Pero ¿cuál sería ese nivel de autonomía fiscal? Pues el de diseñar su propio sistema tributario dentro del marco normativo o estructura común que el Estado apruebe a tal efecto. Se trata, en definitiva, de un modelo muy similar al de la fiscalidad local. El Estado fija la estructura común y los Ayuntamientos diseñan su propio sistema tributario. Ese nivel de autonomía conllevaría, claro está, el asumir las facultades de gestión, inspección y recaudación en el marco de colaboración conjunta con la AEAT. Ese modelo exige, obviamente, la contribución al Estado al que las CCAA pertenecen en concepto de gastos comunes además, como ya hemos dicho, de la necesaria contribución a la solidaridad interterritorial bajo la premisa de la ordinalidad, contribuciones, ambas, cuyos requisitos objetivos los debería fijar el Senado como Cámara de representación territorial. Este derecho a un sistema fiscal propio en el marco de una estructura común e igual para todo el Estado, podría conllevar la necesaria obligación de estabilidad presupuestaria. Sea como fuere, lo importante es “objetivizar” los requisitos necesarios para acceder a ese régimen especial de financiación, ya que si se objetivizan los mismos, los privilegios decaen. Por su parte, la unidad de mercado y la necesaria uniformidad se garantizan mediante esa estructura o marco normativo común y uniforme que el Estado ha de aprobar. Eso sí; las CCAA que no cumplan tales requisitos objetivos, seguirán mediante el sistema de transferencias revisado de acuerdo con el nuevo marco de financiación autonómica. Se trata, por tanto, de regular un régimen general y otro especial.


En definitiva, un modelo de financiación autonómica de tipo federal y asimétrico que, lejos de conceder privilegios, reconoce de forma objetiva la singularidad de aquellas CCAA que expresan su deseo de máximo nivel de autogobierno en el marco que la Constitución les permite y que son, objetivamente, generadoras de riqueza y solidarias con el resto de CCAA. Este modelo de financiación no quiebra la unidad del Estado y permite el pleno desarrollo económico y social de aquellas CCAA que objetivamente pueden asumirlo contribuyendo, además, a la financiación de aquellas otras que no pueden. Se trata, en términos constitucionales, de un modelo respetuoso con el principio de igualdad que exige tratar por igual situaciones que lo son y de forma desigual situaciones que no lo son. Y se trata, también, de hacer un paso firme y estable en la consolidación del Estado de las Autonomías desvinculándolo de las conveniencias políticas de cada momento y de las complicadas aritméticas parlamentarias. Es pues el momento de objetivizar la financiación autonómica sin concesión de privilegios y con respeto a la igualdad. Es el momento del federalismo fiscal propio de otros países de nuestro entorno.


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