El Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestiona la cláusula anti-abuso prevista para aplicar la exención Matriz-Filial en los dividendos satisfechos a matrices comunitarias.

13/11/2017

El pasado 7 de septiembre se ha publicado una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), recaída en el Asunto C-6/16, entre Eqiom SAS y el Ministerio de Hacienda y Cuentas Públicas francés, en la que se ha analizado si la normativa tributaria francesa que regula la exención matriz-filial se ajusta o no a Derecho comunitario.



Cabe recordar que las normativas internas de los países comunitarios en relación con esta importante exención deben respetar los criterios establecidos por la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes modificada en este ámbito por la Directiva 2003/123/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 2003 así como el principio básico europeo de libertad de establecimiento establecido en los artículos 49 y 63 del Tratado Fundacional de la Unión Europea.



Concretamente, lo que ha sido objeto de análisis por parte del TJUE es si la cláusula anti-abuso prevista en la normativa interna francesa en relación con la esta exención excede o sobrepasa las lícitas cautelas que pueden establecerse en aras a evitar la elusión fiscal o, dicho de otro modo, la ingeniería fiscal agresiva.



Cabe recordar que tanto la normativa francesa como la normativa española impiden la aplicación de la exención en origen (zero witholding tax), que es el principio general, en el momento de la distribución de dividendos con destino a matrices comunitarias o residentes en países que forman parte del Espacio Económico Europeo (EEE) siempre y cuando no exista un motivo económico válido o, dicho de otra manera, se pruebe que la estructura internacional tiene una única pretensión que es aprovecharse de esta exención para evitar tributaciones en el seno de la Unión Europea. Es decir, que no exista un motivo lícito sino que lo que se pretenda es una elusión fiscal voluntaria.



Dicha previsión, en España, está establecida en el artículo 14.1.h del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre no Residentes.



Analizando de forma más pormenorizada, como hace el TJUE en su Sentencia, la licitud de las medidas que se pueden adoptar para “controlar” la abusiva aplicación de la exención, es muy importante analizar de manera individual y pormenorizada cada operación dado que la negación de aquélla no puede fundarse en la aplicación de criterios generales predeterminados. Esto es, ha de justificarse una razón “de peso” como es la lucha contra el fraude fiscal para negar el principio general que es, como se ha dicho, no someter a tributación en origen la distribución de beneficios.



Es de destacar, como expresamente incide el TJUE, que no existe ninguna disposición comunitaria que disponga o establezca que el mero hecho de que los accionistas de una sociedad europea sean extranjeros, es motivo para considerar per se la existencia de un “montaje puramente artificial”.



Por otro lado, cuestiona el Alto Tribunal el hecho de que la carga de la prueba tenga que recaer únicamente en el contribuyente y sea éste quien tenga que probar la existencia de motivos económicos válidos. Esto no quiere decir que no tenga obligación de probar – que la tiene – sino que el TJUE también exige que la autoridad fiscal correspondiente realice y lleve a cabo una actividad probatoria que vaya más allá que una mera exposición de argumentos y presunciones sin recabar pruebas concretas que demuestren motivos de fraude o abuso.



Por todo ello, el TJUE, acogiendo la conclusión que, con carácter previo, expuso la Abogado General Kokott, ha establecido que la normativa interna francesa es contraria a la normativa europea citada al comienzo de la presente Nota.



Este importante pronunciamiento, que no comporta per se la declaración de que la normativa interna española es también contraria al Derecho de la Unión, sí obliga a reconsiderar su aplicación atendiendo a la claridad del pronunciamiento judicial pudiendo desde ya afirmar que la aplicación de la exención matriz-filial no ha de depender, de manera exclusiva, en ningún caso de la residencia de los accionistas de la primera y que la negación de aquélla va a exigir una mayor actividad probatoria y, por ende inculpatoria, por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.




 

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