Ejemplariedad emérita: ¿una regularización voluntaria?

Escrito por Antonio Durán-Sindreu Buxadé | Fiscal

30/03/2021


La ejemplaridad es un valor que se transmite. Una persona ejemplar es, además, un referente. No es fácil serlo. Se adquiere con el tiempo y con los hechos. El Rey emérito era sin duda una de ellas. Como todo ser humano, tenía y tiene, sus debilidades. Pero casi nadie duda de su compromiso y lealtad con el país al que representaba al más alto nivel.


Pero esa ejemplaridad ganada a pulso se desvaneció tras su primera regularización con Hacienda y alcanzó cotas incalificables con la segunda. ¿Será la última?


Se ha dicho, con razón, que todo ciudadano está en su derecho de regularizar. Pero si me permiten, el Rey emérito, no.


En efecto; aunque con su abdicación ya no es de aplicación, una de sus obligaciones era la de “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos” (art. 61.1 de la Constitución). Entre sus competencias, recordémoslo, figuraba la de “sancionar y promulgar las leyes” (Art. 62).


Con su insolidaria actitud de incumplir en periodo voluntario con sus obligaciones tributarias, ha puesto en evidencia su escaso convencimiento y compromiso con sus no muy lejanas obligaciones, en particular, con la de contribuir a la Hacienda Pública.


Su actitud es además vergonzosa cuando la financiación de las “rentas” regularizadas procede de una Fundación ubicada más allá de nuestras fronteras. Allí donde huele a opaco. Se trata, pues, de una actitud consciente.


Mi experiencia me ha enseñado que quien regulariza lo hace para subsanar un error, o por temor. Nadie regulariza por arrepentimiento espontáneo, o por un repentino brote de solidaridad. No me cabe duda de que el Rey emérito lo hizo por temor. Por temor ante las posibles y negativas consecuencias de varios procedimientos abiertos. En dos tiempos. Nadie sabe si habrán más, pero muchos sospechan que los ha habido y los habrá. Yo, el primero.


Es verdad que ni la Fiscalía ni la AEAT pueden iniciar actuaciones sin pruebas fehacientes. Pero coincidirán conmigo que, en este caso, habían fundadas razones como para haberlas iniciado. Es cierto, también, que en mi ya larga experiencia, jamás un caso similar ha escapado de los ojos de Hacienda. Más razón, dirán, para dudar de su aparente inactividad.


A pesar de ello y de la “lentitud” a la que Gestha se refiere, no voy a culpar a la AEAT. Y no lo voy a hacer porque conozco a quienes la dirigen y se me hace difícil pensar que se han inhibido o que las actuaciones internas se han prolongado más de lo debido. De ser así, la situación sería sin duda gravísima, porque de lo que estaríamos hablando es de la vulneración del principio constitucional de igualdad.


De lo que se trata, pues, es de investigar, porque sorprende, eso sí, que, ante el clamoroso ruido de las aguas, la AEAT no haya actuado con celeridad. ¿No estará más arriba el problema?


La verdad es que nunca le tembló el pulso a la AEAT. Jamás. Ni con la Faraona (Lola Flores), ni con Iñaki Urdangarin, ni con Messi, ni con Arantxa Sánchez Vicario, ni con Montserrat Caballé, ni con nadie. Famosos empresarios, deportistas, profesionales, tertulianos, políticos, actores, actrices, y un largo etcétera de personas con renombre han pasado por el “polígrafo” de la verdad. Algo pues no me cuadra.


Más grave es, para mí, la pasividad de la Fiscalía. Sea como fuere, es preciso investigar y depurar, en su caso, las posibles responsabilidades. Las cosas no pueden quedar así. Está en juego la credibilidad del sistema; de las instituciones. El principio de igualdad, recodémoslo, está en entredicho. Lo ocurrido no es lo habitual. Es pues lógico que se enciendan las luces de alarma. Los ciudadanos se merecen una explicación, y las dadas hasta hoy no convencen.


Ahora, más que nunca, es necesaria la tan cacareada transparencia.


Pero entiéndase bien. No se trata de Monarquía o República; de juzgar la tarea del Rey emérito durante su reinado, o de aprovechar la oportunidad para intoxicarlo todo.


Se trata de algo mucho más sencillo. Se trata de probar que se ha tratado al Rey emérito igual que al pequeño autónomo, al asalariado, a la pequeña y mediana empresa, al ahorrador, esto es, a ese innumerable número de contribuyentes que, de forma anónima, cumplen con su obligación legal y solidaria de pagar impuestos. Porque, recordémoslo, la mayoría cumple. Y conviene recordarlo porque ya hay quien predica la necesidad de endurecer la presión fiscal sobre los defraudadores, y que, al final, recae sobre todos. No se trata, tampoco, y como así se ha dicho, de hacer públicos los datos fiscales privados del Rey emérito, contraviniendo lo dispuesto en el art. 95 de la LGT. Se trata de garantizar el efectivo cumplimiento del principio de igualdad. De negar la arbitrariedad. De recuperar la credibilidad y el prestigio de las instituciones. No se trata pues de hacer el trabajo que a la AEAT y a la Fiscalía les corresponde. Se trata de investigar la inexistencia, o no, de anomalías, privilegios, o arbitrariedades. De despejar la incógnita de una presunta prevaricación.


Y se trata, también, de que las Administraciones, incluida la Comunidad Autónoma de Madrid, actúen. Y que actúen rápido, porque yo, al menos, tengo mis serias dudas, aunque carezco de información, de que las “rentas” regularizadas no escondan una verdadera donación. De ser así, de poco serviría la regularización y el presunto delito fiscal no estaría prescrito.


¿Una regularización voluntaria? Tengo mis dudas.






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