Abuso de derecho en la convocatoria de la junta general

Escrito por | Mercantil

24/04/2018

La Sentencia del Tribunal Supremo n. 510/2017, de 20 de septiembre, afianza los criterios que deben concurrir para apreciar la existencia de un abuso de derecho en aquellos casos en los que, convocada correctamente la junta general –a la luz del contenido de los estatutos sociales así como de la legislación societaria vigente- se provoque la inasistencia del socio al quebrantar la práctica habitual que venía empleándose hasta la fecha para la convocatoria.


En el caso que nos ocupa, desde la constitución de la sociedad, todas las juntas generales se habían celebrado en la modalidad de junta universal, acordadas verbalmente de forma previa, hasta la junta general extraordinaria objeto de disputa, cuya convocatoria se realizó mediante publicación en el BORME y en un diario de los de mayor circulación de la provincia. A dicha junta asistió únicamente el hasta entonces administrador solidario de la sociedad, y en la misma se acordó nombrarlo administrador único y cesar a la otra administradora solidaria.


Ante esto, los socios minoritarios solicitaron la nulidad de la junta general referenciada, alegando la existencia de abuso de derecho y mala fe en la convocatoria -efectuada con la finalidad de impedir el derecho de asistencia de los mismos- ya que, si bien la junta estaba correctamente convocada a tenor del artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, no se ajustaba a la forma de convocar que se había venido empleando hasta entonces. Dicha pretensión es estimada tanto en primera como en segunda instancia, y ello en base a que el espíritu del artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital tiene como finalidad garantizar que los socios tengan conocimiento de la reunión que ha de celebrarse para que los mismos puedan ejercitar sus derechos políticos, con lo que realizar la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en dicho artículo de forma sorpresiva y sin aviso previo en sociedades cuya práctica habitual es otra implicaría una aplicación torticera del mismo, habiéndose apreciado la finalidad de apartar a la otra administradora solidaria como motivo subyacente a este cambio de práctica.



El Tribunal Supremo confirma el criterio del juzgado de lo mercantil y la Audiencia Provincial, corroborando que si el ánimo del convocante es formalizar la convocatoria con el único objetivo de que pase desapercibida por el otro socio, podrá procederse a la sanción de nulidad, entendiendo que no se puede considerar que exista una actitud honesta y adecuada por parte del coadministrador solidario en este supuesto.




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