A la espera del nuevo marco legal sobre protección de los secretos empresariales

Escrito por Carme Setó | Mercantil

15/06/2018

El pasado 25 de mayo fue aprobado por el Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de Secretos Empresariales (Proyecto de Ley), siguiendo su curso con la presentación a las Cortes Generales para su posterior aprobación definitiva.


La Directiva UE 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgada (secretos comerciales), dispuso en su artículo 19 que los Estados Miembros debían adoptar el contenido de la misma a sus respectivas legislaciones nacionales “a más tardar el…9 de junio de 2018” con lo que se entiende la urgencia del Gobierno para la aprobación del mismo habiendo transcurrido ya la fecha máxima prevista en la Directiva.

El Gobierno asegura que con la presentación de dicho Proyecto de Ley, se pretende “reforzar la protección de la información empresarial no divulgada y evitar su obtención, utilización y revelación ilícitas” con lo que, de facto, se está intentando otorgar un estatus reforzado a todos aquellos conocimientos técnicos y empresariales que pueden suponer una ventaja competitiva de unas empresas frente a otras. Esta ventaja supone, en la mayoría de casos, un factor determinante para el crecimiento y expansión de las mismas, con lo que su valor intrínseco se ve aumentado. Podemos pensar que el ejemplo comparativo perfecto sería la protección que se ofrece a la patente en el marco de la propiedad industrial. Esta conjunción de factores también puede repercutir en ciertas actuaciones desleales tendentes a la apropiación indebida de estos secretos, con lo que la introducción de instrumentos jurídicos para protegerlos se vislumbra como un necesidad del mercado que se pretende cubrir con este Proyecto de Ley.


Así pues, en la búsqueda de mejorar la eficacia de la protección jurídica de los secretos empresariales, el Proyecto de Ley configura dicho término abarcando cualquier información relativa a cualquier ámbito de la empresa (tecnológico, comercial, organizativo, entre otros), que sea secreta, tenga valor empresarial y haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerla en secreto. Además, y de forma inequívoca, define qué actuaciones deben considerarse como lícitas, y por tanto no procederán las medidas de protección previstas en la norma, y cuáles suponen una violación de los secretos empresariales ante las que sí cabrá utilizar las acciones de defensa de los secretos empresariales.


Respecto a estas últimas, y a modo de abanico donde el titular del presunto secreto empresarial violado podrá escoger qué tipo de acción quiere interponer, se disponen hasta siete acciones civiles diferentes que deberán adaptarse a cada caso en particular, entre las que destaca la indemnización de daños y perjuicios. De forma accesoria, también se establecen herramientas efectivas para la tutela judicial del afectado a través de un proceso eficaz, desprovisto de formalidades innecesarias y concebido para tramitarse en un plazo razonable, entre las que creemos que tiene especial importancia la relativa al tratamiento de la información confidencial durante el procedimiento y sus posibles filtraciones.


Esta nueva normativa puede suponer un gran cambio en la promoción de las actividades tendentes a la innovación, ya sea de forma individual o colectiva. Aquella empresa que disponga de un secreto empresarial que aporte un valor añadido dispondrá, a la luz del nuevo marco legal, y siempre que su redactado quede intacto en vía parlamentaria, de lo siguiente:


I. Se le ayudará a preservar todas aquellas informaciones que surjan en el curso de su actividad como empresa y puedan ser dotadas de secreto empresarial.

II. En el caso de que puedan verse esos secretos violados por terceras personas o entidades, dispondrá de acciones que le proporcionen una tutela judicial efectiva de su derecho.

III. En el supuesto de verse afectado por una violación, y durante el curso del procedimiento que pretenda hacer valer sus derechos, las informaciones que tengan la consideración de secreto empresarial se verán igualmente protegidas de su revelación, uso u obtención ilícita.


En definitiva, si bien estamos a la espera de la aprobación definitiva del Proyecto de Ley, sin duda la nueva norma se configura como un primer paso para mejorar la protección jurídica de los secretos empresariales que permita dotar a nuestro ordenamiento de una regulación mucho más completa respecto la actual regulación y, de esta forma, reforzar la eficacia de la defensa de los secretos empresariales ante su vulneración.



Carme Setó

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